MURCIA.- La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia (UMU)
encabeza una movilización para luchar contra contra los enormes riesgos
que acarreará la apertura de cinco nuevos centros docentes previstos en
Madrid, Lérida, Valencia, Vitoria y Alicante.
La Conferencia de
Decanos y Decanas de Veterinaria de España (CDVE), órgano colegiado que
agrupa a las facultades del país, nueve de ellas públicas y tres
privadas, ha hecho un llamamiento a toda la profesión y a la comunidad
universitaria de esta rama científica para luchar unidos contra los
enormes riesgos que acarreará la apertura.
En concreto, el
presidente de la CDVE y decano de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Murcia, Antonio Rouco Yáñez, ha criticado que la creación
de más facultades de Veterinaria en España "perjudicará seriamente a
los futuros veterinarios y a todo el sector profesional porque supondrá
una pérdida del excelente nivel académico actual avalado por la UE".
Además,
Rouco advierte que esta medida "sobredimensionará la oferta nacional de
estos estudios, saturará el mercado laboral disparando el paro y la
precariedad laboral y, además, disparará el grave déficit económico que
soportan las universidades públicas españolas", según informaron fuentes
de la CDVE en un comunicado.
Los decanos, con el apoyo de la
Organización Colegial Veterinaria y de los alumnos de sus respectivos
centros universitarios, han convocado una concentración masiva para
manifestar públicamente su "rechazo" y su "preocupación y concienciar a
la sociedad de la trascendencia esta decisión". El acto de protesta se
celebrará el día 17 de diciembre, a las 12.00 horas, en las puertas de
las facultades de Veterinaria y de las sedes de los órganos colegiales
de Veterinaria de todo el país.
En concreto, los proyectos de
ampliación previstos son: una facultad pública en la Universidad de
Lérida para el curso 2015-2016; otra también pública en la Universidad
de Valencia para el curso 2016-2017; una tercera pública de próxima
apertura en la Universidad del País Vasco, y dos centros privados en
Alicante y Madrid.
La
CDVE advierte de que en España ya hay más facultades de las necesarias.
La European Association of Establishments for Veterinary Education
(EAEVE) y la Federation of Veterinarians of Europe (FVE), que se
encargan de que los estudios de Veterinaria en la Unión Europea cumplan
unos estándares de calidad mínimos y homogéneos, consideran que es
suficiente con una facultad por cada 7-10 millones de habitantes para
que un Estado miembro cuente con buenos servicios veterinarios.
Para mantener ese estándar, en España bastaría con tener entre 4 y 7
centros, "un rango bastante inferior a las 12 actuales y, por supuesto,
muy lejos de las 14 a 17 que pueden existir en breve", advierte la CDVE
en un comunicado.
Rouco añade que "encima se da la circunstancia
de que en la UE sólo hay centros privados en España, Portugal y Reino
Unido. Si se concretan las nuevas iniciativas, ocurriría que en la
Comunidad Valenciana habría 4 facultades: 3 privadas (CEU-Cardenal
Herrera, San Vicente Mártir y Mare Nostrum) y una pública (Universidad
de Valencia); y en la Comunidad de Madrid se juntarían otras 3
facultades: una pública (Complutense) y dos privadas (Alfonso X y
Europea). Esta situación rocambolesca hace que España sea motivo de
crítica en los foros europeos a los que acudimos".
Otro problema
de calado para la CDVE es el desembolso importante que requiere contar
con unas instalaciones acordes a los estándares solicitados por la EAEVE
para impartir Veterinaria: un centro dotado de aulas, laboratorios,
microaulas informáticas, salas de disección y necropsias, etc.; un
hospital clínico veterinario abierto 24 horas/365 días al año; una
granja docente veterinaria; una planta piloto de tecnología de
alimentos; un profesorado altamente cualificado* En total, una inversión
inicial de unos 15 millones de euros y un mantenimiento anual de entre 8
y 10 millones.
Al carecer de soporte económico específico del
sistema sanitario público, como es el caso de Medicina o Enfermería, son
las propias universidades las que tienen que hacer frente a todas estas
necesidades. Todo ello convierte a los estudios de Veterinaria en los
más caros del panorama universitario español: entre 9.000 y 12.000 euros
cuesta formar a un alumno cada año.
En opinión de la CDVE, "es
evidente que las universidades públicas, en una época de crisis como la
actual, difícilmente pueden afrontar estos gastos, que las matrículas
cubren en porcentajes escasos (10%-15%). Por lo que se refiere a las
privadas, las matrículas, en general, tampoco cubren estos costes si
tenemos en cuenta que deben de tener un margen de beneficio que haga que
la empresa sea viable, por lo que casi todas suelen recortar vía
infraestructuras, lo que va en detrimento de la calidad de la docencia".
Todos
los ciudadanos españoles están sufragando con sus impuestos formar a
más profesionales de Veterinaria de los que necesita el país. Cada año
se gradúan en España unos 1.200 estudiantes de Veterinaria, mientras que
en los diferentes sectores a los que se dedican los profesionales
veterinarios se generan, aproximadamente, unos 600 puestos de trabajo
anuales.
"En resumen, todos los años se produce un exceso de
oferta respecto a la demanda de trabajo, lo que ha provocado que en
pocos años hayamos pasado de ser una profesión con un nivel de paro
inferior al 6% a sufrir desempleo y una precarización laboral que está
alcanzando niveles muy preocupantes. Con cinco centros más se elevaría
la entrada a los estudios en unos 300-350 nuevos alumnos por año, lo que
haría la situación aún más insostenible", añade el decano.
Por
todas estas razones, la Conferencia de Decanos y Decanas de Veterinaria
de España solicita a las Agencias encargadas de dar luz verde a los
diferentes proyectos que no lo hagan si no se constata que se cuenta con
las anteriores infraestructuras y requisitos.
Además, pide a las
autoridades autonómicas en materia de docencia universitaria que valoren
la necesidad real de un nuevo centro y de sus repercusiones económicas;
y reclama a la profesión, representada por el Consejo General de
Colegios de Veterinaria de España, que denuncie esta situación y luche
racionalmente contra la apertura de nuevas facultades.
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