MURCIA.- Ana María García, que ejerció como secretaria general del
ayuntamiento de Aledo de marzo de 2001 al mismo mes de 2002, ha
atribuido a su falta de experiencia los errores advertidos en la
adjudicación de concursos públicos al declarar como imputada en el 'caso
Líber' sobre obra pública en contratos presuntamente amañados.
García manifestó durante su declaración en el Juzgado de Instrucción
nº 6 de Murcia que investiga los hechos que el ayuntamiento de Aledo había
sido su primer destino profesional y que, al comprobar los expedientes
en los que ella intervino, y que le fueron mostrados por el juez,
advirtió que en algunos faltaba su firma y en otros había errores de
fechas.
Esta imputada ha añadido que siempre actuó dentro de la legalidad en
todos los concursos en los que intervino, y a lo que ella denominó
defectos de forma" dijo que son explicables por su bisoñez.
Esta imputada, como había declarado el día anterior la funcionaria
que le sustituyó en el cargo, manifestó que el nombre de las empresas a
las que se invitaba a participar en los concursos públicos se lo
facilitaba el alcalde, el también imputado Simón Alcaraz.
Al ser preguntada por el instructor respecto a si no le extrañó que,
en algunos de estos concursos, las ofertas fueran presentadas por las
empresas presuntamente beneficiarias de los mismos poco antes de expirar
el plazo, declaró que tampoco sospechó de nada por su falta de
experiencia.
También manifestó que, por idéntico motivo, no le infundió que fueran
los destinatarios de las empresas a las que se investigan los que
presentaran las ofertas en mano, y en el propio ayuntamiento el mismo
día en que expiraba el plazo.
Sobre este particular, el magistrado instructor, Andrés Carrillo, le
había interrogado respecto a si no le había planteado alguna duda este
detalle porque se podía presumir que las citadas constructoras habían
sido avisadas con anterioridad.
Asimismo, manifestó que tampoco le hizo dudar que una de las obras
presuntamente adjudicadas de forma irregular comenzara a ejecutarse
cuando aún no se había firmado el contrato de adjudicación.
Ana María García es la segunda persona que ha declarado en estas
diligencias, en una ronda de declaraciones en la que intervendrá, hasta
el próximo diciembre, una quincena de imputados.
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