CARTAGENA.- IU-V de Cartagena pidió al Ayuntamiento de la ciudad que se persone
como acusación particular en la operación Púnica debido a la posible
relación de algunos implicados en esa trama de corrupción con la empresa
Puerta Nueva, que construyó el barrio universitario cartagenero y se ha
declarado ahora en concurso de acreedores.
Para IU-V, el Ayuntamiento podría ser uno de los "perjudicados
objetivos" por personas vinculadas a la trama corrupta a través de
Puerta Nueva, empresa que representaba José Antonio Alonso, investigado
en la operación.
Para el partido, la personación como acusación sería un "medio eficaz
para reparar los perjuicios económicos a las arcas municipales que va a
provocar el concurso de acreedores de la mercantil".
El portavoz municipal del partido, Cayetano Jaime Moltó, pidió
también la comparecencia en pleno de la alcaldesa, Pilar Barreiro, para
que aclare las razones por las que abandonó el consejo de administración
de Puerta Nueva sin nombrar a un nuevo representante, y también por qué
no informó de las deudas acumuladas por la mercantil con las arcas
municipales.
También el concejal de Movimiento Ciudadano (MC), José López, pidió
la dimisión de Barreiro al considerar que la declaración en concurso de
acreedores de Puerta Nueva pone en evidencia que el Ayuntamiento perderá
los más de dos millones de euros que esa sociedad adeuda al
consistorio.
López exigió explicaciones de por qué se adjudicó a Puerta Nueva la
construcción del barrio universitario "cuando los técnicos y la lógica
señalaban a Ferrovial como acreedora de dicha adjudicación" al ser "más
solvente" que la primera.
El partido pidió también que dimitan los ediles Francisco Espejo y
Joaquín Segado, así como la del gerente de Casco Antiguo, Luis Miguel
Andrés; el vicealcalde, José Cabezos, y el director de la Asesoría
Jurídica, Francisco Pagán Martín Portugués, "y cualesquiera otros
personajes del entramado municipal que sean responsables de la actuación
y las omisiones que nos han llevado a perder, que se sepa, esos más de
dos millones".
El edil lamentó que todos ellos, al igual que la alcaldesa, "se han
negado sistemáticamente a reclamar la deuda judicialmente", y solo lo
han hecho "después de que la sociedad preparara el concurso de
acreedores" y "sin exigir las responsabilidades penales que el propio
letrado contratado al efecto por el consistorio puso de manifiesto por
la descapitalización de Puerta Nueva".
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