MURCIA.- El presidente de la Región de Murcia, Alberto Garre, dijo este martes
que el registro de la UCO a la desalinizadora de Escombreras que publica
hoy 'La Verdad' "ya no es noticia, es el pan nuestro de cada día" y
desde el Gobierno instan a que este tipo de investigaciones se lleven a
cabo con prontitud.
Garre afirmó que es "judicialmente interminable y políticamente insoportable, pero ya no es noticia; estamos habituados".
El jefe del Ejecutivo murciano indicó que desde el Gobierno instan "a
que este tipo de investigaciones, seguidas de las resoluciones
judiciales, se lleven a cabo con la prontitud que los asuntos merecen. A
mí ya no me sorprende ésto", agregó.
El Fiscal Especial para Delitos contra el Medio Ambiente y el
Urbanismo, José Luis Díaz Manzanera, habría ordenado el citado registro
para esclarecer si esa planta desalinizadora se constituyó para
garantizar el suministro a la urbanización Novo Carthago, promovida por
Hansa Urbana.
El fiscal quiere esclarecer si las pérdidas económicas millonarias que presenta esta infraestructura se debe a una mala gestión o derivan de alguna actuación ilícita.
Ayer lunes, un equipo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia se presentó en las dependencias de la empresa pública Desaladora de Escombreras S. A. para recoger la documentación que reclamaba el Ministerio Fiscal.
Lo que más ha llamado la atención al Ministerio Público de las denuncias recibidas es la gran cantidad de pérdidas económicas que genera la infraestructura desde su puesta en marcha en 2010 y la previsión que hay de que se gasten 600 millones de euros hasta 2030, tal y como establecería el canon de saneamiento.
El fiscal también advierte de la escasa utilización que ha tenido la desaladora desde su entrada en funcionamiento. De 26 ayuntamientos que, en un principio, iban a adquirir agua producida en esta planta, finalmente solo se han firmado convenios con tres de ellos (Cartagena, Torre Pacheco y Murcia). Otro punto importante de la investigación será el entramado societario de las empresas relacionadas con la desaladora.
El Ministerio Fiscal analizará ahora toda la documentación recibida y no descarta recurrir a peritajes para aclarar algunas cuestiones. En caso de encontrar indicios claros de delito, presentaría una querella en el juzgado de instrucción correspondiente, según se dice en 'La Opinión'.
El fiscal quiere esclarecer si las pérdidas económicas millonarias que presenta esta infraestructura se debe a una mala gestión o derivan de alguna actuación ilícita.
Ayer lunes, un equipo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia se presentó en las dependencias de la empresa pública Desaladora de Escombreras S. A. para recoger la documentación que reclamaba el Ministerio Fiscal.
Lo que más ha llamado la atención al Ministerio Público de las denuncias recibidas es la gran cantidad de pérdidas económicas que genera la infraestructura desde su puesta en marcha en 2010 y la previsión que hay de que se gasten 600 millones de euros hasta 2030, tal y como establecería el canon de saneamiento.
El fiscal también advierte de la escasa utilización que ha tenido la desaladora desde su entrada en funcionamiento. De 26 ayuntamientos que, en un principio, iban a adquirir agua producida en esta planta, finalmente solo se han firmado convenios con tres de ellos (Cartagena, Torre Pacheco y Murcia). Otro punto importante de la investigación será el entramado societario de las empresas relacionadas con la desaladora.
El Ministerio Fiscal analizará ahora toda la documentación recibida y no descarta recurrir a peritajes para aclarar algunas cuestiones. En caso de encontrar indicios claros de delito, presentaría una querella en el juzgado de instrucción correspondiente, según se dice en 'La Opinión'.
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