El fiscal pide al Supremo que investigue a la alcaldesa de Cartagena por el caso 'Novo Carthago'

CARTAGENA.- El fiscal ante el Supremo ha informado a favor de que el alto tribunal abra una causa contra la diputada del PP y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, en relación con el Caso Novo Carthago sobre una posible corrupción urbanística.

En septiembre de 2014 el juez instructor del caso en Murcia -Manuel Abadía- elevó al Supremo una exposición razonada ante la aparición de posibles indicios contra la diputada y, por lo tanto, aforada ante el alto tribunal.

El Supremo respondió pidiendo un informe al fiscal, que ahora se ha pronunciado a favor de admitir el asunto.

La supuesta prevaricación administrativa se habría cometido con la modificación del plan general de ordenación urbana de Cartagena para permitir la urbanización de terrenos protegidos por su valor ecológico y ubicados junto al Mar Menor, en el paraje de Lo Poyo. Allí estaba proyectada la construcción de un residencial de lujo con hoteles, campos de golf y unas diez mil viviendas. .

El alto tribunal deberá ahora decidir si abre causa en contra de la alcaldesa y, a partir de ahí, estudiar si efectivamente existen indicios para pedir al Congreso el suplicatorio con el fin de encausarla, abrir una investigación en la que esté imputada y, eventualmente, juzgarla.
A la presentación del proyecto, asistieron buena parte de los imputados ahora en el caso, además de la alcaldesa Pilar Barreiro y el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel, a quien el juez no ha involucrado en la investigación. 
No obstante, sí que lo ha hecho la propia Barreiro, en el recurso que sus abogados presentaron para pedir la nulidad del auto en el que el juez veía indicios para su imputación. El recurso señalaba que entre los argumentos de la Fiscalía estaba que Barreiro asistió al acto público de presentación del proyecto, lo que el instructor considera indicio criminal. 
Sin embargo, los letrados señalan que el propio fiscal del TSJ apuntó que «si la mera asistencia a la presentación del proyecto puede generar sospechas respecto a la alcaldesa, con los mismos argumentos se podían generar sospechas respecto a Valcárcel. No parecería razonable pretender imputar al señor Valcárcel por el mero hecho de tal asistencia».
El caso Novo Carthago tiene su origen en 2003, año en el que se presentó por todo lo alto en un acto celebrado en La Manga un nuevo proyecto urbanístico bautizado con el nombre que ahora da nombre a la investigación y por el que el juez del TSJ que ha elevado la causa al Supremo se ha interesado en varios interrogatorios, como el que le hizo a Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, la promotora de la nueva urbanización para la que se recalificaron los terrenos a sabiendas de que estaban protegidos, según el magistrado. 
El juez que ha instruido la investigación en Murcia se interesó por saber si la presentación que se hizo en aquellas fechas contaba ya con algún tipo de compromiso que le aseguraba la obtención de los permisos necesarios para hacer viable el proyecto, que exigía la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) para modificar la consideración de los terrenos que tenían la consideración de protegidos.
En este caso de presunta corrupción urbanística de Novo Carthago la lista de altos cargos imputados es amplia, ya que en ella figuran el actual delegado del Gobierno y exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuña; el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá; el exconsejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués; y el exvicealcalde de Cartagena, Agustín Guillén. 
Otros imputados son el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exdirector general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el exdirector general de Ordenación del Territorio, José María Bernabé; el asesor jurídico Luis Romera; y el presidente de la promotora para la que recalificaron los terrenos, Hansa Urbana, Rafael Galea Expósito.