El Ayuntamiento de Caravaca iba a recibir 8,5 millones por 'El Roblecillo'

MURCIA.- El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz iba a recibir 8,5 millones de euros y 600 euros por cada una de las 8.000 viviendas que se proyectaban en la finca El Roblecillo, que tenía la consideración de protegida por su interés forestal y fue recalificada para permitir su urbanización.

Así se recoge en el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº6 de Murcia que investiga un presunto caso de corrupción y en el que se imputa a una treintena de personas, entre ellas, el alcalde de la localidad, Domingo Aranda, y el exconcejal de Urbanismo, Amador López.

Señala el auto que si se tiene en cuenta el dinero que iba a recibir el consistorio, "no estamos ante un convenio urbanístico cualquiera, ya que las cifras a pagar por la empresa conveniante -Golden Sky- son muy elevadas".

Según el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que lleva a cabo las investigaciones, incorporado a la causa, la sociedad promotora se comprometía a pagar al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 4.455.000 euros, más 600 euros por cada una de las viviendas que se construyeran.

Además, agrega la resolución judicial, la arcas municipales percibirían poco más de cuatro millones de euros "como pago del diez por ciento del aprovechamiento urbanístico que le correspondería al Ayuntamiento".

"En esencia -comenta el magistrado instructor, Andrés Carrillo-, como se aprecia, se trata de motivos de índole económica los que, presuntamente, llevan a la reclasificación de ese sector de El Roblecillo".

Señala igualmente el juez que, frente a lo manifestado por los regidores municipales de que el convenio tenía un especial interés público, "se aprecia que lo que hace atractiva esa reclasificación de los terrenos, con la construcción de 8.000 viviendas y un campo de golf, son motivos de índole económica".

"En concreto -añade Carrillo-, una particular interpretación de las bondades para la economía local de esta promoción y de las oportunidades empresariales que abriría".

"Esa consideración -dice-, que puede ser una legítima aspiración municipal y política en otros supuestos, choca en este caso, de manera frontal, indiciariamente, con la realidad técnico-ambiental desde el punto de vista del urbanismo como elemento de determinación de los espacios de un términos municipal que han de ser urbanizados y los que se han de proteger del proceso urbanizador por su significación ambiental".

Para el magistrado no tiene explicación que "en solo unos meses lo que era un terreno a proteger por su especial relevancia forestal pase a ser un mero terreno urbanizable sectorizado para la construcción de miles de viviendas y de un campo de golf, pasando por encima, incluso, del claro informe negativo de los tres arquitectos municipales".

Este convenio urbanístico sometido a investigación fue aprobado por el pleno municipal en junio de 2004, con los votos a favor de once concejales del PP y diez en contra de los ediles de la oposición, aunque su ejecución, finalmente, no se llevó a cabo por las críticas que suscitó y los problemas medioambientales que suponía.