MURCIA.-La Guardia Civil ha registrado hoy la desalinizadora de Escombreras por orden de la Fiscalía Especial para los Delitos contra el
Medio Ambiente y el Urbanismo tras una denuncia del abogado regeneracionista murciano Diego de Ramón en relación a Novo Carthago, el proyecto estrella de 'Hansa Urbana' junto al Mar Menor.
Agentes de la Policía Judicial, adscritos a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, en el barrio de Vista Alegre, se presentaron en las oficinas de las instalaciones para requerir la entrega de diversa documentación y tratar así de esclarecer si existía o no un concierto para abastecer a Novo Carthago a partir de compromisos políticos preexistentes de muy dudosa base legal.
Los agentes buscaron actas, contratos o acuerdos privados para incautar y conocer así conocer la génesis del proyecto, las vinculaciones entre mercantiles, los posibles compromisos existentes, el destino que iba a darse al agua desalinizada y los precios a los que se iban a distribuir sus volúmenes.
También si la planta desalinizadora se proyectó y desarrolló con el fin de garantizar el suministro a las 10.000 viviendas previstas de la urbanización Novo Carthago, a instancias de Hansa Urbana, junto al Mar Menor, tras recalificar terrenos protegidos por la legislación 'ad hoc' de la Unión Europea.
Por ello se encuentran ya imputados los tres ex consejeros (Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana como la muy cuestionada alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro) que intervinieron en su tramitación, no se sabe todavía si con el concurso político activo, o no, del entonces presidente regional, Ramón Luis Valcárcel.
Las investigaciones vienen ya de la pasada primavera cuando el abogado Diego de Ramón presentó una denuncia al respecto en la Fiscalía Superior para entregar al fiscal José Luis Díaz Manzanera.
Agentes de la Policía Judicial, adscritos a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, en el barrio de Vista Alegre, se presentaron en las oficinas de las instalaciones para requerir la entrega de diversa documentación y tratar así de esclarecer si existía o no un concierto para abastecer a Novo Carthago a partir de compromisos políticos preexistentes de muy dudosa base legal.
Los agentes buscaron actas, contratos o acuerdos privados para incautar y conocer así conocer la génesis del proyecto, las vinculaciones entre mercantiles, los posibles compromisos existentes, el destino que iba a darse al agua desalinizada y los precios a los que se iban a distribuir sus volúmenes.
También si la planta desalinizadora se proyectó y desarrolló con el fin de garantizar el suministro a las 10.000 viviendas previstas de la urbanización Novo Carthago, a instancias de Hansa Urbana, junto al Mar Menor, tras recalificar terrenos protegidos por la legislación 'ad hoc' de la Unión Europea.
Por ello se encuentran ya imputados los tres ex consejeros (Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana como la muy cuestionada alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro) que intervinieron en su tramitación, no se sabe todavía si con el concurso político activo, o no, del entonces presidente regional, Ramón Luis Valcárcel.
Las investigaciones vienen ya de la pasada primavera cuando el abogado Diego de Ramón presentó una denuncia al respecto en la Fiscalía Superior para entregar al fiscal José Luis Díaz Manzanera.
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