Uno de los policías detenidos en Cartagena tenía una pistola ilegal para hacer el trabajo sucio

CARTAGENA.- José Antonio C.G., uno de los seis policías nacionales ingresados en prisión como supuestos autores de la muerte de un vecino de Cartagena, comentó a otro que tenía una pistola sin licencia, además de la reglamentaria, "para hacer el trabajo sucio".

En la conversación, captada por los dispositivos instalados en los coches patrulla por la Unidad de Asuntos Internos de este cuerpo cuando ya eran sospechosos, el agente le decía a su compañero, también detenido, José Luis A. que no tenía la documentación de ese arma, que aseguraba procedía de la guerra civil.

Al mostrarle este último su extrañeza, José Antonio C.G. le respondió que si buscan información del arma y "eso lo meten en la base de datos, ha sido Franco el que la ha disparado, o ha sido Primo de Rivera el que ha matado a este tío".

Además, en esa misma conversación el mismo José Antonio C.G. dice que como se encuentre con un hombre al que se supone seguía la pista como presunto autor de varios robos "lo mataba a palos".

El informe entregado en el Juzgado de instrucción nº 4 de Cartagena que investiga los hechos por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, se recoge igualmente el contenido de la conversación que a finales de junio pasado mantienen José Antonio C.G. y el oficial de Policía al que llama.

De la misma se desprende una cierta preocupación, que se intenta disimular, al conocer que varios compañeros que participaron en los hechos que se investigan han sido llamados a declarar en la Jefatura Superior de Policía de Murcia.

José Antonio C.G. trata de quitar importancia al asunto y comenta a su interlocutor, en referencia al fallecido, Diego P.T., que: "era un tío zumbao, un yonki, con antecedentes, y, vamos, yo pienso que ha sido un ajuste de cuentas".
Por otra parte, la autopsia confirma que este hombre murió apaleado antes de que lo arrojaran al mar, en lo que se conoce como muerte violenta con sospecha homicida.
El informe forense desvela que el cuerpo presentaba «signos de violencia en región facial y craneal», así como «destrucción de centros neurales superiores por fractura-luxación de múltiples vértebras cervicales».
Asimismo, precisa que tales lesiones se produjeron «con fuerza corporal» y que la muerte «sobrevino con anterioridad a la inmersión del cuerpo en el mar».
Según dicho informe, «con muy alta probabilidad, el cuerpo fue arrojado al mar el día 11 de marzo de 2014, en la propia Cala Cortina o en algún otro punto cercano de la misma, entendiendo como tal cualquier punto de los acantilados de la bahía que comprende la playa, el puerto y los acantilados al sur de la misma».
Una línea de investigación, abierta tras la declaración de un vecino del barrio del fallecido, que forma parte de la causa como testigo protegido, abrió una nueva hipótesis de los hechos, ya que una primera vía fue investigar a unos vecinos molestos con la víctima por el robo de unas bicicletas.
Precisamente, los propios vecinos, que eran sospechosos, fueron los que avisaron sobre la desaparición de Diego a su familia.
La titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Cartagena, María Antonia Martínez Noguera, en su auto ordenando prisión preventiva para los policías nacionales, todos cartageneros, enumera hasta once indicios que señalan a los seis sospechosos como presuntos autores de la muerte de Diego.