Prisión preventiva para los seis policias nacionales detenidos por presunto homicidio en Cartagena

CARTAGENA.- La titular del juzgado de instrucción nº 4 de Cartagena,  María Antonia Martínez, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza, por los presuntos delitos de detención ilegal y de homicidio o asesinato, para los seis policías nacionales detenidos el lunes por la muerte el pasado marzo de Diego Pérez Tomás, el vecino de 43 años de Las Seiscientas, cuyo cadáver fue encontrado en aguas de Cala Cortina dos semanas después de su desaparición. También ha levantado el secreto de sumario después de unas ocho horas de interrogatorios.

Los seis policías, residentes en la ciudad portuaria y de la escala básica, compartían turno en las llamadas patrullas zeta de la comisaría de Cartagena, y fueron investigados por agentes de asuntos internos y de la policía judicial de Murcia y Cartagena después de que un testigo situara a la víctima en un coche policial la noche en que desapareció.
Fuentes judiciales han informado de que esta decisión se ha adoptado a petición del ministerio fiscal, dada la gravedad de los hechos y lo elevado de las penas que podrían ser impuestas, y para evitar que se destruyan pruebas, ya que la investigación está todavía en una fase incipiente.
Según fuentes de la investigación, los detenidos pudieron extralimitarse con la víctima y "se les pudo ir la mano".
Los policías han permanecido hasta hoy en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, en celdas incomunicadas, y han negado en todo momento su participación en los hechos, según fuentes cercanas a la investigación.
Esta defensa de su inocencia también la han planteado en declaraciones a los periodistas algunos abogados que les representan, que han pedido que se levante el secreto de las diligencias decretado por la jueza.
El abogado Raúl Pardo Geijo, defensor de uno de los agentes detenidos, ha dicho que cree en la inocencia de su cliente por el contenido de su declaración judicial, por la información que le ha aportado a él, y porque no ha habido contradicciones entre su testimonio y en el del resto de policías acusados.
Según este letrado, en esta jornada se han escuchado grabaciones y se han conocido otras pruebas periciales recabadas por la policía durante la investigación, que reafirman el testimonio de inocencia de su cliente.
En el mismo sentido, otro de los abogados que asisten a los acusados, Juan Francisco Pérez Avilés, ha dicho a los periodistas que su cliente niega que hubieran matado a la víctima y que hubiera sido arrojado al mar, como afirma la policía.
El fallecido, vecino del barrio de la Virgen de la Caridad, conocido popularmente como "Las Seiscientas", había denunciado ante la policía, días antes de su desaparición, que estaba recibiendo amenazas de sus vecinos, y su cuerpo apareció flotando en Cala Cortina, el 25 de marzo, con heridas en la cabeza producidas antes de la muerte, según el informe policial.
Entonces, se abrió una investigación policial y se instalaron sistemas de escucha y grabación ocultos en tres coches patrulla, que fueron denunciados por la Unión Federal de Policía (UFP) a finales de septiembre y que a principios de octubre han llevado a la detención de los seis agentes.
Vecinos del fallecido, en su mayoría mujeres y niños, han aguardado esta tarde a las puertas de los juzgados de Cartagena la decisión de la jueza, y han pedido que esta muerte no quede impune.
 Los seis agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Cartagena habían llegado esta mañana a los juzgados de la ciudad portuaria para su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4, acusados de detención ilegal y, según el caso, de homicidio en grado de autor o de cómplice; de desaparición forzada y de encubrimiento. Las actuaciones siguen bajo secreto de sumario.

   Desde su arresto han estado incomunicados y separados entre ellos. Están acusados de tener algún tipo de relación con la muerte de Diego Pérez Tomás, cuyo cadáver se encontró en el mar dos semanas después de desaparecer el pasado mes de marzo en la barriada Virgen de la Caridad de Cartagena, más conocida como 'Las seiscientas'.

La declaración de un testigo protegido y las grabaciones realizadas desde cámaras de videovigilancia del tráfico en la ciudad han resultado claves en la detención por su presunta implicación en la desaparición y la muerte a golpes de Diego Pérez Tomás, de 43 años, el pasado 11 de marzo.
Los hermanos de Diego dicen que un chatarrero les aseguró que había visto cómo unos agentes metían a la víctima en un coche patrulla.
Los hermanos quieren estar informados del proceso judicial para exigir responsabilidades penales. El abogado Francisco Belda representa ya a la familia del fallecido. Belda ha dicho hoy que la familia le ha pedido que se persone para estar constantemente informada del proceso.

Según ha sabido 'La Verdad' por fuentes del caso, agentes de la unidad especial de Asuntos Internos de la Policía desplazados desde Madrid y componentes de las Brigadas Local y Provincial de la Policía Judicial pusieron a sus compañeros en el centro de las investigaciones a raíz de que una persona aseguró que Diego subió a un vehículo policial hacia las cuatro de la madrugada.

El testigo aseguró que la víctima se montó en el asiento trasero de uno de los vehículos 'zeta' que, ante las llamadas de auxilio de la víctima por las presuntas amenazas de unos vecinos, acudieron a su casa, en la calle Estanislao Rolandi, del barrio de Las Seiscientas. Esa persona añadió que, tras ese coche, circularon otros dos radiopatrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Las imágenes captadas en la vía pública aportaron el segundo gran indicio contra los seis agentes, al establecer una coincidencia fundamental: el itinerario seguido por los policías y el lugar donde fue hallado el cuerpo de Diego quince días después de estar en paradero desconocido.

De acuerdo con estas pesquisas, por causas no esclarecidas se dirigieron con el vecino a una zona de rocas situada junto al paraje de Cala Cortina, entre la ciudad y Escombreras. En vez de trasladarse hasta las dependencias de la Comisaría, en la céntrica calle Menéndez Pelayo, para que Diego cursara una denuncia contra los vecinos del barrio que supuestamente le habían amenazado de muerte (razón por la que llamó varias veces a la sala del 091 esa noche), los agentes se fueron a Cala Cortina.

Una vez allí, según los investigadores, al menos uno de los agentes, aunque probablemente dos o más a tenor del resultado de la autopsia, agredieron hasta la muerte al vecino y arrojaron su cuerpo al mar. Los forenses concluyeron que el fallecido recibió múltiples golpes en la cabeza antes de perder la vida, y que las lesiones eran compatibles con la intervención de varias personas: una o más le habrían propinado los golpes, y una o más le habrían sujetado para tratar de impedir que se defendiera.

A efectos penales, esto último es relevante por cuanto los investigadores tratan de fijar los distintos grados de presunta participación de cada uno de los detenidos en los hechos.

A la vista de la declaración que tomaron de forma escalonada el lunes y ayer martes a sus compañeros (incomunicados en distintas dependencias policiales de la ciudad de Murcia), los agentes encargados de resolver el crimen buscan distinguir entre autor o autores materiales del homicidio, cómplices y encubridores. En el segundo supuesto, los funcionarios habrían participado en la tarea de hacer desaparecer el cuerpo de la víctima echándolo al mar; en el tercero, habrían omitido su deber de perseguir delito y, en lugar de denunciar a sus colegas por el fatal desenlace de la intervención en Las Seiscientas, habrían ocultado lo sucedido.

Respecto a esto último, la secuencia temporal de hechos fijada de manera provisional es que el traslado del detenido a Cala Cortina fue realizado de forma simultánea por la patrulla en cuyo coche viajaba el vecino y por otra. Minutos después, llegó hasta la zona un tercer 'zeta'.

Los investigadores policiales creían anoche haber encontrado contradicciones y una posible versión preparada de antemano por parte de los sospechosos, por si se veían en la actual tesitura. Según fuentes próximas a la investigación, los agentes admitieron haber estado con Diego Pérez en Cala Cortina, pero alegaron que éste murió al lanzarse al mar. Los policías, que participaron en la búsqueda de la víctima los días posteriores a su desaparición, contaron ayer que Diego se golpeó contra unas rocas y que luego fue arrastrado por las olas.

Los investigadores manejaban posteriormente como conjetura que, molestos por las continuas llamadas de Diego a la Comisaría para pedir ayuda, los agentes lo llevaron a un lugar apartado de la ciudad, unos kilómetros, para forzarle a tranquilizarse y regresar a pie a casa. También sospechan que, a pesar de conocer que tenía problemas mentales por los que estaba medicado, así como una adicción a las drogas, los agentes reaccionaron al aparente nerviosismo de Diego de una forma más que expeditiva. Se extralimitaron en el uso de la fuerza y, en palabras de una fuente policial, «se les fue la mano».

Otro elemento relevante en las pesquisas, iniciadas por el presunto robo de unas bicicletas por parte de Diego a unos vecinos, ha sido la realización de escuchas a los sospechosos con micrófonos ocultos en tres coches radiopatrulla. También ha servido el posicionamiento de los teléfonos móviles particulares de algunos implicados cerca de la cala.

El supuesto uso de las bicis para hacer recados a residentes de la zona, incluidos pequeños narcotraficantes, llevó a establecer la hipótesis de la existencia de una red mafiosa en la Comisaría. Esta posibilidad perdía anoche fuerza, si bien se mantenía la sospecha de alguna conexión con la víctima por parte de algún agente. Éste habría visto amenazada su posición por las denuncias de Diego.

Los sospechosos tienen de 30 a 40 años, pertenecen a la Escala Básica y trabajan habitualmente en el turno de noche de la Brigada de Seguridad Ciudadana ('zetas').

Pide levantar el secreto de sumario

Uno de los seis policías nacionales que esta mañana pasaron a disposición judicial por su presunta implicación en la muerte de un hombre en Cartagena negó ante el juez que empujara a éste al mar, donde se halló su cadáver, según informó a los periodistas su abogado, Juan Francisco Pérez Avilés.

El hombre encontrado muerto el pasado marzo en Cartagena en circunstancias que han sido declaradas secretas y que llevaron a la detención de los policías nacionales era Diego Pérez Tomás, un vecino de 43 años del barrio de la Virgen de la Caridad, conocido como 'Las Seiscientas', que días antes de su desaparición había denunciado estar recibiendo amenazas.

Entre las hipótesis de lo ocurrido se baraja que a los policías "se les pudo ir la mano", lo que previsiblemente causó la muerte del hombre, que había desaparecido de su domicilio varios días antes de que su cuerpo apareciera flotando en Cala Cortina, en Cartagena.

El abogado de uno de los policías, cuya identidad no ha sido facilitada, también afirmó a las puerta de la sede judicial de Cartagena que recurrirá el secreto de sumario decretado por la titular del juzgado nº 4 que instruye esta causa porque considera que "se merma y limita el derecho de defensa al carecer de todo el material" del caso.

Añadió que la toma de declaración de los policías iba a ser "uno a uno" en presencia de sus respectivos letrados y del ministerio fiscal, tras lo que éste pediría en su caso la medida cautelar de prisión preventiva para alguno de ellos o para los seis.

Consideró "exagerado" tal medida cautelar por tratarse ser excepcional en la que no concurren las circunstancias necesarias, y en el caso de su defendido "se trata de una persona joven con familia, que reside en Cartagena" y consideró por ello justificado que no eludirá la acción de la justicia.

Los seis agentes de la Policía Nacional detenidos este lunes en Cartagena por su presunta vinculación Diego Pérez llegaron esta mañana a los juzgados de la ciudad portuaria para su puesta a disposición judicial. Eran trasladados por separado y en vehículos camuflados hasta el Palacio de Justicia, al que llegaron sobre las 7.45 horas.