PARÍS.- La ministra francesa de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía,
Segolene Royal, anunció en las últimas horas la suspensión de la llamada ecotasa, un
impuesto al transporte de carga que originó grandes protestas en el país
desde el año pasado.
"Hemos decidido primero suspender sin plazo el dispositivo de la
ecotasa, segundo crear un grupo de trabajo y tercero intensificar la
búsqueda de soluciones sobre la situación económica y social global del
sector", dijo Royal luego de una reunión con los transportistas.
Los conductores de camiones de carga habían anunciado el comienzo de nuevas manifestaciones y bloqueos de rutas a partir del próximo 17 de octubre, si el gobierno no daba marcha atrás a ese impuesto.
La ecotasa fue creada durante el gobierno del presidente Nicolás Sarkozy (2007-2012) y debía entrar en vigor en enero de 2014, pero las autoridades tuvieron que aplazarla ante la ola de rechazo, originada sobre todo en la región de Bretaña.
Según sus promotores, ese tributo se aplicaría a los vehículos de más de 3,5 toneladas en 15.000 kilómetros de carreteras nacionales y lo recaudado por ese concepto sería destinado al desarrollo de infraestructuras viales, sobre todo el ferrocarril, y a proyectos favorables para el medioambiente.
Sin embargo, los transportistas de Bretaña afirman que esa zona es de las más expuestas al impuesto porque posee pocas autopistas exentas del pago, lo cual elevaría el costo del servicio.
Por otra parte, la economía de esa región se basa sobre todo en la industria agroalimentaria, un sector en crisis y fuertemente supeditado al transporte de mercancías.
Los conductores de camiones de carga habían anunciado el comienzo de nuevas manifestaciones y bloqueos de rutas a partir del próximo 17 de octubre, si el gobierno no daba marcha atrás a ese impuesto.
La ecotasa fue creada durante el gobierno del presidente Nicolás Sarkozy (2007-2012) y debía entrar en vigor en enero de 2014, pero las autoridades tuvieron que aplazarla ante la ola de rechazo, originada sobre todo en la región de Bretaña.
Según sus promotores, ese tributo se aplicaría a los vehículos de más de 3,5 toneladas en 15.000 kilómetros de carreteras nacionales y lo recaudado por ese concepto sería destinado al desarrollo de infraestructuras viales, sobre todo el ferrocarril, y a proyectos favorables para el medioambiente.
Sin embargo, los transportistas de Bretaña afirman que esa zona es de las más expuestas al impuesto porque posee pocas autopistas exentas del pago, lo cual elevaría el costo del servicio.
Por otra parte, la economía de esa región se basa sobre todo en la industria agroalimentaria, un sector en crisis y fuertemente supeditado al transporte de mercancías.
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