MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de
Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), José Manuel Claver, ha
exigido hoy un acuerdo para bajar el precio del agua desalada para la
agricultura en lo que resta de legislatura si no va a haber un Plan
Hidrológico Nacional (PHN) que contemple un nuevo trasvase.
Claver, que ha hecho estas declaraciones en el Palacio de San Esteban
tras reunirse con el presidente autonómico Alberto Garre, ha reclamado
un acuerdo que permita el uso del agua desalada en cuanto al precio y
que evite "una factura que haga que nos comamos los rendimientos", en
referencia a que el actual precio no es competitivo para el sector.
El dirigente del SCRATS ha trasladado a Garre la inquietud de los
regantes con el tema y los posibles problemas que se pueden presentar en
diciembre sin un cambio meteorológico, e indicó que existen comunidades
de regantes de por sí deficitarias que en una situación de escasez de
agua como la actual les aboca a una mayor preocupación.
Indicó
que Garre ha estado muy receptivo y que se ha comprometido en liderar a
todo el sector, no solo al SCRATS, sino también a exportadores,
cooperativas y sindicatos agrarios, en torno al tema del agua, buscando
una solución definitiva, sobre lo que Claver se mostró "muy
esperanzado", si bien advirtió que habrá que ver cómo se desenvuelven
los acontecimientos.
"No tenemos mucho tiempo", remarcó, y
reconoció que siendo realistas "hoy por hoy no puede ser" la aprobación
de un nuevo trasvase de agua "y con las cartas que hay tenemos que
actuar", agregó.
La Comisión Central de Explotación del Trasvase
Tajo Segura, según Claver, está previsto que apruebe hoy un envío de 38
hectómetros cúbicos de agua para el mes de octubre y similar cantidad
para noviembre, mientras que en diciembre la previsión apuntaría a lo
que en las normas de explotación se conoce como "nivel 3", es decir, en
el que es la ministra de Agricultura la que apruebe el desembalse de
manera discrecional con un máximo de 20 hectómetros, con un mínimo
asegurado para abastecimiento humano de 7,5 hectómetros.
Claver
indicó al respecto que al volumen que se apruebe se resta el diez por
ciento considerado como pérdidas en el envío del agua desde la cabecera
del Tajo al Segura, y teniendo en cuenta que el 25 por ciento es para
abastecimiento, la reducción será de casi la mitad del volumen que
necesitarían.
A juicio de Claver, una de las primeras decisiones
que la administración debería adoptar sería la aprobación de la
situación de sequía con la apertura de pozos que empiecen a aportar
recursos hídricos.
En cuanto a acudir a la desalación, indicó que
por el momento es la opción más compleja porque "levanta antagonismos
entre las comunidades de riego" y el precio es todavía inviable. "A mi
personalmente el agua desalada siempre me ha puesto un poco en
guardia", aseveró, ya que estimó que ese recurso "sólo puede servir en
un caso de situación excepcional".
Comentó que los Presupuestos
Generales del Estado incluyen una partida para conducciones de agua
desde las plantas desalinizadoras a las zonas regables.
Recordó
que el pasado año hidrológico tuvieron 344 hectómetros cúbicos de agua
más 15 de reservas y algún volumen adquirido en vía a los denominados
"bancos del agua", pero ni con todo ese volumen ha sido un año bueno
porque "se las han visto y deseado" los agricultores para sacar adelante
sus cosechas.
Preguntado por la posibilidad de que se haya
incrementado la superficie regable, rechazó tal posibilidad porque la
policía fluvial y la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Segura están vigilantes y cuentan con el posicionamiento UTM de
todas las fincas con derecho a agua del trasvase.
Al respecto,
aclaró que el 20-25 por ciento de mayor demanda experimentada en el
último año se ha debido a que muchas personas han tenido que abandonar
el negocio de la construcción para recuperar de nuevo sus fincas con
derecho a riego y plantar en ellas todo tipo de cultivos, con lo que la
superficie en barbecho que se contabilizaba antes ha sido recuperada.
Interrogado por la fórmula para abaratar el agua desalada, Claver
respondió que al tratarse de empresas privadas las propietarias de estas
plantas se dificulta la negociación aún cuando el Ministerio esté
interesado en ello.
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