CARTAGENA/LOS ALCÁZARES.- El abogado defensor de J.C.M., uno de los seis policías nacionales de
la Comisaría de Cartagena ingresados en prisión como presuntos autores
de la muerte de un vecino de esta localidad, ha pedido al Juzgado que
suspenda la diligencia de ratificación de la autopsia hasta que se
practiquen varias pruebas.
Amenazas a un concejal
Por otra parte, el concejal de Interior, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Los Alcázares, José Francisco López Gabaldón, ha recibido este lunes por la mañana amenazas en una carta que han depositado en el buzón de su domicilio.
El recurso presentado por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, considera
que el resultado de esas pruebas puede determinar que se llegue a un
resultado distinto en cuanto a la causa de la muerte y otros extremos.
Así, propone la realización de un estudio de sumersión, "elemental diligencia -dice- para conocer si la víctima presunta llegó o no viva al agua".
Igualmente echa en falta el estudio biomecánico de las lesiones mortales que presentaba el cuerpo de la víctima, "pues el hecho de que la autopsia afirme que la muerte no fue natural no es consustancial a su consideración como homicida, ya que para concluir de tal manera se hace indispensable la práctica de esa diligencia".
Expone también el letrado que en el estado actual de las diligencias que se tramitan en un Juzgado de Instrucción de Cartagena se desconoce el resultado de los estudios realizados sobre las larvas halladas en el cadáver, "fundamental para conocer el número de días que llevaba el cuerpo emergido tras haber caído al mar".
Y añade que, igualmente, se desconoce el resultado del estudio de las muestras biológicas obtenidas de la zona interior de las uñas del finado, "que podría determinar la identidad del autor presunto -si es que lo hubiera- con un simple cotejo de ADN".
Por todo ello, Pardo-Geijo Ruiz señala que, antes de proceder a la ratificación de los informes de autopsia por un segundo perito, se deben practicar las diligencias que solicita.
Los informes de autopsia indicaban que la víctima, Diego Pérez, vecino de la barriada cartagenera de Las Seiscientas, murió de forma homicida, como consecuencia de la fractura de varias vértebras cervicales.
En relación al caso, la magistrada que lo instruye, María Antonia Martínez, quiere asegurarse de que los policías no cambien su aspecto físico, por ello ha indicado a los responsables de las cárceles donde están recluidos los agentes que deberán cursar las órdenes oportunas «para que no sea modificado su aspecto hasta el 5 de noviembre, cuando se procederá a un reconocimiento en rueda».
Así, propone la realización de un estudio de sumersión, "elemental diligencia -dice- para conocer si la víctima presunta llegó o no viva al agua".
Igualmente echa en falta el estudio biomecánico de las lesiones mortales que presentaba el cuerpo de la víctima, "pues el hecho de que la autopsia afirme que la muerte no fue natural no es consustancial a su consideración como homicida, ya que para concluir de tal manera se hace indispensable la práctica de esa diligencia".
Expone también el letrado que en el estado actual de las diligencias que se tramitan en un Juzgado de Instrucción de Cartagena se desconoce el resultado de los estudios realizados sobre las larvas halladas en el cadáver, "fundamental para conocer el número de días que llevaba el cuerpo emergido tras haber caído al mar".
Y añade que, igualmente, se desconoce el resultado del estudio de las muestras biológicas obtenidas de la zona interior de las uñas del finado, "que podría determinar la identidad del autor presunto -si es que lo hubiera- con un simple cotejo de ADN".
Por todo ello, Pardo-Geijo Ruiz señala que, antes de proceder a la ratificación de los informes de autopsia por un segundo perito, se deben practicar las diligencias que solicita.
Los informes de autopsia indicaban que la víctima, Diego Pérez, vecino de la barriada cartagenera de Las Seiscientas, murió de forma homicida, como consecuencia de la fractura de varias vértebras cervicales.
En relación al caso, la magistrada que lo instruye, María Antonia Martínez, quiere asegurarse de que los policías no cambien su aspecto físico, por ello ha indicado a los responsables de las cárceles donde están recluidos los agentes que deberán cursar las órdenes oportunas «para que no sea modificado su aspecto hasta el 5 de noviembre, cuando se procederá a un reconocimiento en rueda».
Amenazas a un concejal
Por otra parte, el concejal de Interior, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Los Alcázares, José Francisco López Gabaldón, ha recibido este lunes por la mañana amenazas en una carta que han depositado en el buzón de su domicilio.
La carta, realizada con recortes dice textualmente que "es solo el
principio"; "ponemos a prueba tu seguridad"; "¿quién eres tú?"; y "solo
apártate". El edil popular ha interpuesto la correspondiente denuncia
en la Comandancia de la Benemérita de Los Alcázares.
Gabaldón asegura que "no va a cambiar ni mi forma de pensar ni de
hacer los cosas, las amenazas son propias de personas antidemocráticas y
cobardes, yo voy a seguir trabajando como hasta ahora, pese a quien
pese", según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.
Aunque el edil se ha mostrado preocupado por el hecho de que ha
recibido esta carta en su domicilio "tengo familia y se asustan",
apuntó.
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