MURCIA.- El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha dado la razón al
ayuntamiento de Totana en su dictamen del pasado día 14 de octubre en el
que resuelve que el Consistorio no debe reintegrar a la sociedad
'Inmonuar' los casi 2,5 millones de euros más intereses correspondientes
al convenio urbanístico C-82 de El Raiguero.
El representante de la
empresa 'Inmonuar', Núñez Arias, recurrió a los tribunales para reclamar
al ayuntamiento de Totana la devolución de los dos millones y medio de
euros que entregó a las arcas municipales en los años 2006 y 2007 por
este convenio urbanístico, que contemplaba una urbanización y que
coincidió con la firma del mismo y la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbana.
En la resolución, el
organismo jurídico regional considera ajustado a derecho la declaración
de nulidad del convenio urbanístico de El Raiguero, la cual es
preceptiva pero no vinculante, por lo que el proceso judicial continuará
su curso.
La alcaldesa ha recordado que se cumplieron los
procedimientos administrativos que en su día dictó el Consejo Jurídico
de la Región de Murcia que ahora ha quedado refrendado y la Sala de lo
Penal del TSJ que declaró ilegal este convenio y lo anuló en su día.
Además,
ha reiterado que ahora se demuestra lo que ya se dijo hace un año, de
que no se iba a admitir ninguna presión ni coacción de ningún particular
que lesionase los intereses generales de los vecinos de Totana en
relación a este convenio urbanístico.
Sánchez ha indicado que el
dictamen no sólo ha dado la razón al Ayuntamiento en que no procede la
devolución del dinero del convenio, sino que va más allá señalando que
quedaría por determinar los daños y perjuicios que ha sufrido el
Consistorio y los totaneros.
Al respecto, ha anunciado que
el Consistorio se reserva emprender las acciones legales preceptivas por
los daños y perjuicios que ha sufrido el Ayuntamiento y los vecinos de
Totana.
El promotor de esta sociedad denunció a la alcaldesa,
Isabel María Sánchez, así como a la secretaria y al interventor
municipales para exigir la devolución de este dinero, una denuncia que
le hace estar imputada en un proceso judicial por un presunto delito de
alcance contable junto con los últimos dos alcaldes de Totana.
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