CARTAGENA.- La Mesa de la Asamblea Regional ha rechazado admitir a trámite la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada hace justo un mes (el 22
de septiembre) en el Parlamento, en la que proponían que la Comunidad
Autónoma tuviera capacidad para expropiar temporalmente el uso de las
viviendas a los bancos en casos de desahucios de familias sin recursos,
una iniciativa similar a la que puso en marcha la Junta de Andalucía.
La PAH registró esa iniciativa legislativa popular, que requiere la firma de al menos 10.000 ciudadanos, y en ella planteaba que, en casos de familias desahuciadas y sin recursos, la Comunidad Autónoma pudiera adquirir la vivienda durante un periodo de tres años para que los afectados por las ejecuciones hipotecarias en la Región puedan permanecer en ellas durante ese tiempo.
La Mesa, según
un informe firmado por la letrada-secretaria general, desestima la
propuesta ciudadana al considerar que «no se cumplen los requisitos
establecidos, puesto que no se presenta el documento en el que se
detalle las razones que aconsejen, a juicio de los firmantes, la
tramitación y elaboración por parte de la Asamblea de la proposición de
ley».
Añade el documento de la letrada-secretaria
general, fechado el 6 de octubre, que con lo que se propone en la
Iniciativa Legislativa Popular «se pretende regular materias en las que
la Comunidad Autónoma carece de competencias legislativas, ya que innova
el contenido esencial del derecho de propiedad de las viviendas
situadas en el territorio de la Región de Murcia al integrar en él un
deber consistente en destinarlas a un uso determinado, limitando con
ello el derecho de propiedad que es de naturaleza eminentemente civil».
La Mesa, por tanto, decidió no admitir a trámite la ILP, con el voto del
presidente, de los dos vicepresidentes (los tres del Partido Popular) y
la abstención de la secretaria segunda, la socialista Teresa Rosique.
A
la PAH le queda imponer un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional en un plazo de tres meses por la no admisión a trámite de
su propuesta.
La ILP incluía también una regulación
para evitar el corte de suministros básicos como la luz y el agua a las
familias con menos recursos. Se trata, según la PAH, de una iniciativa
«inspirada en leyes ya aprobadas en otras comunidades autónomas, como
Andalucía o Navarra, y en otras iniciativas legislativas populares
autonómicas ya en trámite».
La PAH ha remitido ya un
escrito a la Mesa de la Asamblea Regional solicitando que reconsidere su
decisión y admita para el debate la Iniciativa Legislativa Popular, y
subraya que la propia exposición de motivos de su proposición «explica
sobradamente» la necesidad de contar con una ley regional en ese
sentido.
Además, la plataforma indica que, según datos
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las ejecuciones
hipotecarias efectuadas en la Región en el primer semestre de 2014
aumentaron un 34% respecto a ese periodo del año anterior, lo que
justificaría una normativa como la propuesta.
También
apela la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a las recientes
sentencias del tribunal de justicia de Luxemburgo en contra de la ley
hipotecaria española y a favor del derecho fundamental a la vivienda.
Asimismo,
la plataforma añadió que, un día después de registrase la ILP en la
Asamblea Regional, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una
proposición de ley de Vivienda de la Región que coincide en algunos
párrafos e ideas con la de la PAH, y que también alteraría el derecho de
la propiedad. Esta propuesta sí fue admitida a trámite para su debate
sin ningún problema, según informó la Asamblea Regional.
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