MADRID.- El ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, quedó anoche libre y sin fianza tras declarar durante una hora y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6, Eloy Velasco. Alonso está acusado de mediar y, supuestamente, cobrar comisiones por contratos de servicios.
La situación de libre y sin fianza, tras pasar tres noches en los calabozos, es similar a la del secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo, quien anoche salió de la Audiencia Nacional tras prestar declaración. En el caso de Galindo, éste continúa imputado y se deberá presentar una vez al mes en los juzgados.
El juez describe a José Antonio Alonso describe "cabeza de un entramado de tráfico de influencias" que se concertó con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la Administración, a través de contratos públicos adjudicados a terceras personas.
El cartagenero ha estado en las dependencias de la Guardia Civil desde que fue detenido el pasado lunes.
José Antonio Alonso fue detenido por dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la mañana del pasado lunes, cuando llegaba a su domicilio en Madrid, ciudad a la que viaja con frecuencia desde Cartagena por motivos profesionales.
Por otra parte, la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación ha abierto un expediente informativo al secretario general técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo Sánchez, que fue detenido el lunes por la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica, y que el pasado miércoles fue puesto en libertad sin medidas cautelares por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
En concreto, el expediente informativo a Jesús Galindo Sánchez ha sido abierto «según la normativa laboral aplicable a los empleados públicos», según lo hizo saber el portavoz del Ejecutivo regional, José Gabriel Ruiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer jueves.
Al ser preguntado por la renuncia de los tres altos cargos de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación que se vieron implicados en la Operación Pública, el portavoz reiteró que el consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz, pretende no cubrir los puestos «hasta que haya una decisión por parte de la autoridad judicial competente».
«Evidentemente, no van a pasar años, y esperamos que sea una cosa provisional y transitoria», manifestó el consejero de Presidencia y Empleo de la Comunidad Autónoma.
La alcaldesa de Alicante contra imputados en las listas
La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, imputada en dos casos judiciales de presunta corrupción urbanística, ha respaldado una moción de UPyD para instar a los partidos políticos a excluir de las listas electorales a imputados.
La situación de libre y sin fianza, tras pasar tres noches en los calabozos, es similar a la del secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo, quien anoche salió de la Audiencia Nacional tras prestar declaración. En el caso de Galindo, éste continúa imputado y se deberá presentar una vez al mes en los juzgados.
El juez describe a José Antonio Alonso describe "cabeza de un entramado de tráfico de influencias" que se concertó con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la Administración, a través de contratos públicos adjudicados a terceras personas.
El cartagenero ha estado en las dependencias de la Guardia Civil desde que fue detenido el pasado lunes.
José Antonio Alonso fue detenido por dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la mañana del pasado lunes, cuando llegaba a su domicilio en Madrid, ciudad a la que viaja con frecuencia desde Cartagena por motivos profesionales.
Por otra parte, la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación ha abierto un expediente informativo al secretario general técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo Sánchez, que fue detenido el lunes por la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica, y que el pasado miércoles fue puesto en libertad sin medidas cautelares por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
En concreto, el expediente informativo a Jesús Galindo Sánchez ha sido abierto «según la normativa laboral aplicable a los empleados públicos», según lo hizo saber el portavoz del Ejecutivo regional, José Gabriel Ruiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer jueves.
Al ser preguntado por la renuncia de los tres altos cargos de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación que se vieron implicados en la Operación Pública, el portavoz reiteró que el consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz, pretende no cubrir los puestos «hasta que haya una decisión por parte de la autoridad judicial competente».
«Evidentemente, no van a pasar años, y esperamos que sea una cosa provisional y transitoria», manifestó el consejero de Presidencia y Empleo de la Comunidad Autónoma.
La alcaldesa de Alicante contra imputados en las listas
La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, imputada en dos casos judiciales de presunta corrupción urbanística, ha respaldado una moción de UPyD para instar a los partidos políticos a excluir de las listas electorales a imputados.
La iniciativa de
UPyD presentada en el pleno municipal celebrado hoy ha salido adelante
por unanimidad, por lo que no ha hecho falta proceder a la votación ni
tampoco se ha producido la fotografía de la alcaldesa y el resto de
concejales del PP levantando la mano a favor, tal y como deseaban los
partidos de la oposición.
El apoyo se ha producido sin que la
alcaldesa ni nadie del PP tomara el uso de la palabra para justificar el
sentido del voto tras los turnos explicativos de UPyD, EU-IU y
PSPV-PSOE.
"Así que, sin nada más que debatir, se levanta la
sesión", ha indicado antes de aclarar a los presentes que la iniciativa
contra los imputados no se sometía a voto por acordarse "por
unanimidad".
Castedo figura como imputada en dos de las piezas separadas del caso Brugal,
el relativo a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) y el plan urbanístico del barrio de Rabasa,
en ambos casos a beneficio, presuntamente, del constructor Enrique
Ortiz.
La ausencia de votación ha enfadado a los partidos de la
oposición, sobre todo al concejal que ha presentado la moción, el
portavoz del partido magenta, Fernando Llopis, para quien "el PP no se
atreve a levantar las manos" y a ser "inflexible" contra los imputados.
Llopis
había justificado la iniciativa en que la ciudadanía pide "medidas
ejemplarizantes" y mano dura contra la corrupción, y en este sentido ha
recordado que en las ramas del caso Brugal hay imputados 33 políticos
del PP (entre ellos Castedo y su antecesor, el también popular Luis Díaz
Alperi), seis socialistas y uno de EU-IU.
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