miércoles, 17 de septiembre de 2014

El juez imputa a la alcaldesa de Alicante por presunto trato de favor al promotor urbanístico Enríque Ortiz


ALICANTE/VALENCIA.- El titular del juzgado de instrucción nº 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, ha imputado a la alcaldesa de la ciudad, la 'popular' Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz, en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, lugar en el que se prevé la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.

En un auto de fecha de este martes, el juez ha citado a la alcaldesa de Alicante para declarar por presunta prevaricación y tráfico de influencias el 27 de noviembre a las 10.00 horas. En la resolución se cita igualmente como imputados por el mismo motivo al constructor Enrique Ortíz para el 27 de octubre a las 10.00 horas; a dos técnicos del Ayuntamiento --Enrique Sanus e Isabel Campos-- para el 28 de octubre y a otros dos del Ministerio de Fomento, Emilio Peiró y Francisco Javier Criado al día siguiente.
El juez ha preguntado al fiscal y al resto de partes personadas --EUPV y PSOE-- si procede la declaración como imputados del exalcalde de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la exsecretaria autonómica de Territorio y actual responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña.
El magistrado ha adoptado esta decisión tras recibir el informe policial realizado por los funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante del que, según consta en la resolución, se desprende que durante la tramitación del expediente administrativo del 'Plan Rabasa' y estando suspendida la ejecución del plan parcial desde diciembre de 2009 por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana --sala de lo contencioso-administrativo--, el Ayuntamiento continuó el proceso.
En el pleno de 29 de enero de 2010 se aprobó someter a exposición pública el proyecto de convenio entre el consistorio y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L. e Ikea Ibérica SAU para regular las condiciones de implantación de un centro comercial en el sector Lagunas de Rabasa. El juez subraya que en el informe policial "existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses" del empresario Enrique Ortíz.
El informe policial fue realizado por funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales que llevaron a cabo la intervención de las comunicaciones ordenadas por el juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela, que fue el órgano que inició la tramitación del conocido como 'caso Brugal', del que se han desligado esta pieza que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del 'plan Rabasa' y otra que instruye las del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. En esta última causa están igualmente imputados Castedo y Ortíz.
El juez, que acuerda la unión a la causa del informe, señala que de su contenido se desprenden indicios de que los cuatro funcionarios "pudieron dar un trato de favor" en el ejercicio de sus funciones al empresario Enrique Ortíz en la tramitación del expediente administrativo de Rabasa, unos hechos que considera que en este momento se puede considerar que son constitutivos de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Asimismo, acuerda dar traslado a Sonia Castedo como denunciada del contenido de la denuncia y de todas las actuaciones.
La alcaldesa de Alicante está también imputada en la parte del 'caso Brugal' que investiga presuntas irregularidades en el PGOU por los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El caso se instruía en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hasta el pasado mes de mayo cuando Castedo presentó su renuncia al acta de diputada, por lo que volvió a los juzgados de Alicante.

La opinión de Alberto Fabra

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, a preguntas de los medios sobre si debe dimitir la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en por un presunto trato de favor en la tramitación del Plan Rabasa, ha mantenido que su postura para las personas que estén en cargo público es que deben ser "un ejemplo para todos los ciudadanos". En este punto, ha recordado que el acta de concejal es personal y, por tanto, debe ser la propia Castedo la que "valore en cualquier momento lo que significa para ella y para la institución".
   Fabra se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios en relación a la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa.
   El jefe del Consell ha precisado que, además de "insistir" en la cuestión de la línea roja "no podemos hacer nada más", salvo a la hora de elaborar las listas electorales donde el partido "sí tiene algo que decir". En este sentido, ha remarcado que las personas imputadas por corrupción no podrán concurrir con el PPCV a las elecciones.
   "A pesar de lo que algunos ahora puedan compartir, a mí me han criticado mucho por la línea roja" pero "tengo las cosas muy claras y creo que hace falta ganar esa honorabilidad y honestidad de los cargos públicos frente a los ciudadanos", ha remarcado Fabra.
   Fabra ha continuado destacando que se sabe "de sobra" cuál es su  actitud frente a los casos de corrupción y lo que espera "tanto de la alcaldesa de Alicante, como de cualquier otro cargo público que pueda ser imputado, a la hora de elaborar las listas electorales".
   "Debemos ser muy transparentes y hacer ver que no hay nada que pueda hacer avergonzar a los ciudadanos sobre el comportamiento de cualquier cargo público representando a una institución", ha defendido el jefe del Consell, quien ha afirmado que están "poniendo las bases para que el ciudadano pueda comprobar que en las instituciones y en mi partido haya personas que no puedan tener sombra de duda sobre su comportamiento".
   Preguntado por la actitud de la alcaldesa, Fabra ha insistido en que ya ha dicho "cuál va a ser el siguiente paso" y es que en las listas electorales "no va a haber ninguna persona que esté imputada por casos de corrupción".
 "Poco más tengo que decir porque es lo que he ido diciendo desde hace mucho tiempo". Asimismo, ha reconocido que no ha hablado con Castedo estos días.
   Por otro lado, en relación a las ausencias de Castedo en algunos actos regionales del PPCV, el también presidente 'popular' valenciano ha dicho que las responsabilidades del cargo "hacen que no siempre pueda acompañar a los actos que el partido pueda hacer".
 "Una persona que ostenta una alta responsabilidad como es la Alcaldía de Alicante, debe dedicarse a sus vecinos y es comprensible" esas faltas.
   "Desde luego, no creo que sea cuestión de si acude a un acto o no. Lo primero es la atención a los ciudadanos de Alicante", ha señalado Fabra, que preguntado por su valoración sobre el papel de Castedo como alcaldesa, ha dicho que guarda para él su opinión.

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