MURCIA.- La Consejería de Educación, Cultura y
Universidades renueva y flexibiliza la normativa que regula las diversas
modalidades de formación autónoma de los centros no universitarios,
para fomentar así las iniciativas de aquellos docentes que elaboren
proyectos de trabajo para la formación en grupo dentro de los centros
educativos.
De este modo, la medida se aprobó con el consenso de todos los
sindicatos y agentes sociales presentes en la reunión del Consejo
Regional de Formación celebrada esta semana, según han informado fuentes
del Gobierno regional en un comunicado.
Entre otras novedades, se acordó aumentar de dos a tres el número
de actividades de formación en las que un docente puede participar a lo
largo del curso, eliminar el número de horas mínimas en los proyectos de
formación de los centros y el número máximo de profesores que pueden
participar en ellos.
Además, se incorpora una plataforma de teleformación a la que se
subirán los documentos, materiales y recursos informativos y que
sustituirá a la documentación en papel.
El director de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Enrique
Ujaldón, subrayó que el objetivo de esta renovación "es avanzar en la
calidad de la formación de los docentes para, a su vez, mejorar la
calidad de la enseñanza que reciben los escolares".
"La formación constante del profesorado es uno de los objetivos
prioritarios de la Consejería de cara a mejorar la calidad educativa,
por lo que este departamento viene ofertando diversas modalidades de
formación, tanto individual como colectiva, que son reconocidas,
evaluadas y homologadas por el Servicio de Innovación y Formación del
Profesorado", destacó Ujaldón.
Las modalidades de formación autónoma disponibles, que se pueden
solicitar hasta el próximo 10 de octubre, se articulan en torno a
proyectos de formación en centros, que se refieren a aquellos en los que
todo un claustro de profesores desarrolle iniciativas para mejorar la
calidad de la educación; seminarios de equipos docentes, cuando un grupo
de profesores se fija el objetivo de investigar sobre algún aspecto
concreto de la realidad educativa con la finalidad de desarrollar
propuestas relacionadas con la metodología; y grupos de trabajo, que
hace referencia al caso de que un equipo de profesores se agrupe para
analizar, elaborar o experimentar materiales curriculares.
La nueva normativa flexibiliza los requisitos de solicitud y de
supervisión. En concreto, se aumenta de dos a tres el número de
actividades de formación en las que puede participar un docente durante
un curso, se elimina el requisito de contar con un número máximo de
participantes en los grupos de trabajo, fijado hasta ahora en diez, y se
suprime la condición de que los proyectos de formación en los centros
tengan un mínimo de 50 horas.
Además, se facilita el acceso y la difusión de estos proyectos
educativos mediante la incorporación de las nuevas tecnologías. Mientras
que hasta ahora los documentos, materiales y recursos educativos
elaborados en estos proyectos se entregaban físicamente al Centro de
Formación del Profesorado, a partir de ahora se podrán incorporar a una
plataforma de teleformación.
Por otro lado, mientras que, anteriormente, el asesor responsable
de una actividad de formación autónoma asistía a la primera y a la
última sesión de la misma, además de todas aquellas que fuesen
necesarias, ahora es el coordinador responsable de la actividad en el
centro quien garantiza su seguimiento, prestando especial atención a la
plataforma de teleformación.
Y es que, la nueva normativa también facilita la exposición de los
trabajos de formación, de manera que estos puedan ser conocidos,
valorados y aplicados por toda la comunidad educativa. Así, los docentes
que intervengan en estos proyectos cederán, de forma no exclusiva y a
título gratuito, los derechos de reproducción y distribución de los
materiales y recursos didácticos que hayan surgido como resultado de su
trabajo de innovación.
La posible publicación de estos recursos educativos se hará bajo
una licencia abierta, para su distribución sin ánimo de lucro entre el
profesorado y los centros educativos de la Región para que puedan
beneficiarse todos los miembros de la comunidad educativa.
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