CARTAGENA.- La Policía Nacional de Cartagena, en
colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y la Tesorería
General de la Seguridad Social, ha detenido a 18 personas como
integrantes de una organización ilegal que se dedicaban a dar de alta en
la Seguridad Social a ciudadanos extranjeros para conseguir el tiempo
suficiente de cotización y de esta forma obtener el derecho a percibir
las prestaciones por desempleo.
Los hechos fueron detectados el pasado mes de marzo al haberse
tenido conocimiento de la existencia de dos supuestas sociedades
agrarias ubicadas en el término municipal de Mazarrón, que tenían
contratos a ciento cincuenta trabajadores, todos ellos de nacionalidad
marroquí, según informaron fuentes de la Policía Nacional en un
comunicado.
La empresas, gestionadas por un ciudadano español de 50 años y con
diversos antecedentes por hechos similares, contrataba sin límite a
todos los trabajadores que lo solicitaban con la única finalidad de
acumular períodos de prestaciones a la Seguridad Social y, con ello,
tener acceso a las prestaciones por desempleo o a la renovación de sus
autorizaciones de residencia en España. Por supuesto, estos empleados no
llegaron nunca a realizar actividad laboral alguna, precisa la Policía
Nacional.
Desde el inicio de su "ficticia actividad", en enero de 2013, no
abonó cuota alguna a la Seguridad Social por los trabajadores,
generándose una importante deuda que superó los 100.000 euros en un
periodo inferior a un año.
Por parte de los organizadores y de su red de colaboradores se
captaban ciudadanos extranjeros, necesitados de cotizar a la Seguridad
Social para las diversas finalidades.
Los supuestos trabajadores, además de vivir una pequeña parte en
Mazarrón, tenían residencias tan diversas como Madrid, Zaragoza o Gerona
y otra parte en su nación de origen, por lo que difícilmente podían
acudir diariamente a su centro de trabajo.
Las empresas no pudieron acreditar con facturas a proveedores la
realización de actividad agraria ni de ningún otro tipo. Del mismo modo,
los investigadores intervinieron contratos de arrendamientos de fincas
falsos, correspondientes a terrenos con incapacidad para plantaciones
agrícolas por su orografía y composición rocosa, y en los que se habían
utilizado tanto datos de identidad de personas físicas como de otras
empresas.
Las cantidades que se pagaban al empresario por los contratos y
las altas variaban según el periodo en que el extranjero estuviese
afiliado a la Seguridad Social, si bien en muchos de los casos superaban
los 1.000 euros.
La operación, que continúa abierta, se enmarca dentro de las
actuaciones conjuntas que se vienen efectuando entre la Brigada Local de
Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Cartagena, la Tesorería
General de la Seguridad Social y la Inspección Provincial de Trabajo y
que ha permitido el desmantelamiento de otras dos "empresas ficticias"
de la misma organización radicadas en Mazarrón y las cuales han generado
una deuda de 500.000 euros con la Seguridad Social y 150.000 en
concepto de cobro indebido de prestaciones sociales y por desempleo.
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