CARTAGENA.- El presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, no descartó que se pueda reducir el número de diputados en el parlamento autonómico, al igual que sucedió en la cámara de Castilla-La Mancha. "Claro que se puede plantear, es un tema de debate permanente, y en ningún sitio está escrito por qué tiene que haber más o menos diputados".
En cualquier caso, señaló que es un tema "discutible" y a las fuerzas
minoritarias "no les gusta eso porque tienen menos posibilidades de
acceder, y lo que quieren es ampliar el número de diputados y, a lo
mejor, a las mayoritarias les interesa disminuir el número de diputados
porque les daría más oportunidades".
De momento, afirma que este tema "no se ha planteado con especial
énfasis en las reuniones", y cree que el número de diputados en la
Región "es más o menos prudente", según afirmó en una entrevista
concedida a Onda Regional.
Celdrán manifestó que, si hay que destacar algo de este curso
político, "sin duda es el cambio en la Presidencia del Gobierno
regional", que "tiene una importancia para toda la Región y, desde
luego, una trascendencia muy grande en la Asamblea".
En primer lugar, recordó que es la Asamblea Regional la que elige al
presidente y, en segundo lugar, "ha cambiado la agenda prevista
inicialmente en la cámara, ya que comparecieron todos y cada uno de los
miembros del Gobierno".
Añadió que este año legislativo "se ha caracterizado por una mayor
intensidad de trabajo" y, seguramente, fue "el año en el que más
comisiones y comparecencias públicas o más salida de los diputados a
conocer la Región se han producido".
Así, en lo que respecta a la actividad de la cámara, subrayó el
número de comparecencias, es decir, "cuando se llama a los afectados y
expertos de un caso para que ilustren a los diputados, y que ha sido
mucho mayor de lo habitual".
Por último, destacó la reunión de la Diputación Permanente, en la que
se declaró la incompatibilidad de la diputada regional, Isabel Toledo,
por haber sido condenada por el Tribunal Supremo, que "es la primera vez
que ocurre en la Asamblea".
Admitió que tomar esta decisión fue "complicado, sin duda", y
"laborioso", así como "desagradable", pero justifica que se hizo "lo que
creíamos que teníamos que hacer, sencillamente". Asimismo, defendió que
la decisión se tomó "con el máximo rigor posible".
Ante la discrepancia de las opiniones jurídicas de las que se tuvo
conocimiento en este caso, el parlamento dio prevalencia y "presunción
de acierto" al informe oficial de la cámara, "tal y como está obligado".
El elemento clave que permite el cese de un diputado, explicó, es "la
modificación de la ley orgánica electoral que aprobaron las Cortes en
noviembre de 2011". Esa ley, afirma por primera vez que "los condenados
por prevaricación por delitos contra la administración pública, aunque
la sentencia no sea firme, son inelegibles y, por tanto, es
incompatible".
Por este motivo, añade que "no hay mucha doctrina ni jurisprudencia
sobre este asunto, porque desde 2011 hasta ahora se están sustanciando
un buen número de casos en toda España".
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