La Ley de Transpeperencia, pretende entre otras cuestiones, hacer
desaparecer de los expedientes públicos, aquellos informes técnicos y
jurídicos que pudieran comprometer o contradecir resoluciones cocinadas
convenientemente a favor o en contra de determinadas cuestiones de
interés público-privadas. Por ello, me permito desde esta columna decir
NO a esta Ley.
He sido funcionario de esta Comunidad Autónoma
durante cerca de treinta años, siempre en la dirección general de
Urbanismo excepto un par de años en que fui defenestrado coincidiendo
con la llegada del PP y el episodio de Lo Poyo, que me tocó en suerte
lidiar e informar como técnico, informe que fue desfavorable pero que no
sirvió de nada, porque en aquellos tiempos los cargos intermedios del
PSOE que aún gobernaba, que por cierto no tenían nada de socialistas, y
el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, se encargaron de tumbar
mi informe y limpiar el camino para su aprobación definitiva por el
Consejo de Gobierno, aprobación que no se produjo hasta la llegada del
PP.
La aprobación de Lo Poyo fue anulada por el Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de Murcia en el año 2000 y posteriores actuaciones
relacionadas con la especulación de los terrenos que llegaron a parar a
manos de los de la Operación Malaya marbellí, motivaron que hasta el
presidente Valcárcel, que aprobó la reclasificación, declarara que Lo
Poyo era ilegal e inmoral.
Hasta entonces, la dirección general de
Urbanismo era un modelo de transparencia, no hacían falta consignas ni
leyes, sólo voluntad, voluntad de informar y servir al ciudadano. Las
puertas de los despachos permanecían siempre abiertas y a los ciudadanos
se les informaba de inmediato sin necesidad de pedir cita ni de firmar
ningún papel. Además de información verbal, se facilitaba el expediente
solicitado en su totalidad, mesa, silla e incluso fotocopiadora para que
copiara lo que quisiera. Teníamos claro que la información urbanística
era pública y que el único requisito necesario era la voluntad de los
funcionarios, su deber de informar y el de los ciudadanos de ser
informados.
Con la llegada del PP las cosas empezaron a cambiar,
aunque no la voluntad de los funcionarios no designados a dedo, y los
ciudadanos tenían que solicitar la información por escrito,
identificarse, exponer el motivo de su interés y su propósito, y pagar
las correspondientes tasas por fotocopias y planos.
En los últimos
tiempos, a partir de 2004-2005, el cerco se fue estrechando hasta el
punto de que a los propios funcionarios se nos cerraban los archivos y
teníamos que justificar la necesidad de consultar expedientes. Los
técnicos que informábamos los expedientes urbanísticos y que exponíamos
los asuntos en el Consejo Asesor de Urbanismo, fuimos sustituidos por el
jefe de servicio o el subdirector general, cargos de libre designación,
designados a dedo y, por tanto, de objetividad mediatizada por el cese
en caso de responder a lo interesado por la superioridad. La casta no
tenía ninguna voluntad de informar sino todo lo contrario.
Yo
mismo tuve que sufrir represalias y amenazas de ser expedientado por
facilitar información a la prensa o a concejales de la oposición e
incluso por artículos periodísticos sobre cuestiones urbanísticas; la
cosa no llego a más por falta de consistencia y quedó reducida al simple
ninguneo. Algunos altos cargos, actuando como auténticos comisarios
políticos, veían en la información y la transparencia una amenaza a los
intereses de los ´suyos´ en los planes urbanísticos y sus
reclasificaciones.
Pero hete aquí que aparece la Ley de
Transparencia, una Ley que, según lo publicado, pretende regular el
derecho a la información, que en lo urbanístico resulta sesgada e
incompleta, al retirar o suprimir del expediente que se facilita al
ciudadano, los informes internos, es decir, los informes técnicos y
jurídicos que no fueran favorables o contrarios a los informes de los
jefes que motivan resoluciones favorables del órgano decisorio, el
órgano político, que generalmente es el consejero previo paso por el
director general.
El caso Novo Carthago es paradigmático. El
informe técnico desfavorable fue desautorizado y sustituido por otro
informe ´cocinado´ adecuadamente para ser favorable. La cosa llegó hasta
el punto de que el informe desfavorable no fue remitido al juzgado de
instrucción cuando el asunto fue judicializado. Casual y
afortunadamente, para mayor información de la Justicia, fui llamado a
comparecer como testigo y pude aportar copia de mi informe (el
desautorizado) que guardaba a buen recaudo y que era desconocido por
jueces y fiscales.
También resulta alarmante, en esta
transpeperencia, que se diga o se pretenda que los políticos deberán
declarar sus bienes cuando entran y cuando dejan la política. Porque
cuando dejan la política, si se lo han llevado crudo, ya no tienen ni
obligación ni responsabilidad política alguna y se estaría a aquello de
¡que me quiten lo bailao!
(*) Arquitecto
No hay comentarios:
Publicar un comentario