MURCIA.- Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, empresa que proyectaba el
macrocomplejo Novo Carthago en terrenos parcialmente protegidos, ha
pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM)
la retirada de las referencias que el instructor del caso hace a
reuniones con políticos de primer nivel en yates y centros oficiales.
El recurso acusa de subjetividad al instructor del caso, el juez
Manuel Abadía, del que se pregunta si es que está llevando a cabo "una
investigación paralela al margen de la judicial y pública".
Galea expone que en la causa no existe ningún dato que permita avalar
sus supuestas reuniones "con autoridades políticas de primer nivel",
como señalaba el juez en el auto del pasado junio, en el que ampliaba la
investigación con nuevas imputaciones y acordaba una serie de
diligencias.
El presidente de Hansa Urbana se muestra sorprendido por esa
referencia, ya que el propio instructor reconoce en su resolución que no
se conserva grabación alguna de los presuntos encuentros porque, en
aplicación de la Ley de Protección de Datos, las imágenes captadas "en
puertos, grandes hoteles y centros oficiales" fueron destruidas al
transcurrir el plazo previsto.
"No solo es que no exista prueba que permita siquiera justificar
dichas manifestaciones del ilustre instructor -se lee en el recurso-,
sino que la huelga de cualquier diligencia, indicio o sospecha, lo que
hace es que las mismas sean completamente subjetivas, y, por ende,
debían haberse evitado en el auto".
Apunta también la apelación que "nunca ha tenido lugar ninguna
reunión con tan desagradable connotación como la que señala el auto
recurrido, ni consta absolutamente nada en autos que permita sostener
tal afirmación, por lo que consideramos que con ello no se respeta la
presunción de inocencia".
El presidente de Hansa Urbana lamenta también que el juez se haya
negado a admitir a esta empresa como acusación y, sin embargo, sí haya
aceptado la personación como acción popular "de abogados que no
representan a parte alguna, que no acreditan interés alguno y que no
justifican su petición suficientemente".
Para Galea, se trata de un trato desigual y discriminatorio respecto
de la sociedad que preside, que espera sea corregido por la Sala de lo
Civil y Penal del TSJRM, a la que va dirigida la apelación.
El recurso dice de la resolución de Abadía que no respeta el derecho
de defensa y vulnera el derecho a un proceso justo, con todas las
garantías, además de exponer que "supone, nuevamente, una suerte de
causa general y de investigación prospectiva, contraria a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, como ya hemos denunciado en diversas
ocasiones".
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