MURCIA.- El fiscal Anticorrupción de la Región,
Juan Pablo Lozano, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que
desestime el recurso presentado por el delegado del Gobierno en Murcia y
ex consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, porque, a su juicio,
debió oponerse a la urbanización de los terrenos sobre los que se
proyectaba el complejo urbanístico Novo Carthago.
El informe del
ministerio público, notificado ayer a las partes personadas en
este proceso, señala que "la consejería de
Obras Públicas, al frente de la cual se encontraba Bascuñana, tenía la
competencia plena para rechazar la reclasificación propuesta por el
ayuntamiento de Cartagena, al tratarse de aspectos reglados de
protección de valores ambientales de un espacio natural protegido".
Para el fiscal, la modificación urbanística afectaba "a cuestiones de
legalidad urbanística y no de mera oportunidad, por lo que esos aspectos
de legalidad exigían de Bascuñana haber mantenido la clasificación de
no urbanizable de los terrenos y, en consecuencia, denegar la aprobación
definitiva".
El instructor de esta causa que se sigue ante el
TSJ ha notificado también a las partes un escrito en el que el
ayuntamiento de Cartagena certifica que en sus servicio de Intervención
Urbanística no consta que se haya expedido licencia de movimiento de
tierras en los terrenos sobre los que se iba a desarrollar el proyecto
Novo Carthago.
Así mismo, ha notificado una certificación del
Tribunal Supremo, en la que se señala que la alcaldesa de Cartagena,
Pilar Barreiro, es diputada en el Congreso de los Diputados.
Igualmente, el instructor Manuel Abadía ha dado traslado al fiscal, a
las demás acusaciones y a las defensas de un escrito de la dirección
general de Medio Ambiente de Murcia, al que acompaña el expediente de
valoración de impacto ambiental relativo a la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, incoado para hacer
viable el proyecto, que afectaba a espacios protegidos ubicados juntos
al Mar Menor.
Finalmente, el juez ha enviado a las partes un
escrito de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), personada
en estas diligencias como acusación particular, en el que solicita que
se dirija al director de un periódico digital regional para
requerirle la entrega de dos fotografías publicadas, en los últimos
días, sobre una supuesta reunión en un yate en el puerto de Cartagena,
presuntamente, entre promotores del proyecto y políticos regionales.
ANSE cree de interés para la investigación conseguir esas imágenes, ya
que el propio instructor en su auto del pasado 24 de junio, por el que
se acordaban nuevas imputaciones, señalaba que esas imágenes no habían
podido incorporarse al proceso judicial al haber sido borradas en su
día, de acuerdo a la ley de datos.
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