MURCIA.- Medio centenar de empleados públicos han
protestado este viernes a las puertas del Palacio de San Esteban, sede
del Gobierno regional, en contra de la "privatización de los servicios
públicos" y, en concreto, de los servicios de limpieza de 46 institutos
que la Comunidad pretende licitar.
La secretaria de la Federación de
Servicios Públicos de UGT Murcia (FSP-UGT), María José Salazar, ha
mostrado su oposición a "este proceso de privatización que está llevando
a cabo la administración pública con el servicio de limpieza de los
institutos".
Ha explicado que ya hay 43 centros "privatizados, y los sindicatos
reclaman que el servicio de limpieza de todos ellos "retornen a la
administración pública", al tiempo que reclaman la suspensión de la
"privatización de otros tres centros, tal y como pretende el Gobierno
regional".
Los representantes sindicales han solicitados ser recibidos por el
presidente de la Comunidad, Alberto Garre, pero no han logrado su
objetivo. De todas formas, han mostrado su malestar a las puertas de la
sede del Ejecutivo.
Por su parte, la representante de Sterm-Intersindical, Fuensanta
Vietor, ha explicado que todos los sindicatos que están representados en
la Mesa de Administración y Servicios "estamos unidos en esta
reclamación".
Ha insistido en que su intención es que "no salga a licitación la
privatización de los servicios de limpieza de los institutos, que pasen a
una gestión pública, y que se paralice el proceso en los tres nuevos
centros en los que se ha ofertado a un precio de casi tres millones de
euros".
Vietor ha reprochado que "no hay un estudio económico de la
viabilidad de estas privatizaciones", mientras que la gestión pública
"es mejor, más económica y presta unos servicios de calidad". A su
juicio, "hay otros intereses que no son ni los servicios públicos ni
económicos", y el beneficio "se lo llevan otros, que no la ciudadanía ni
los empleados públicos".
El representante de CCOO, Paco Saura, ha explicado que los
sindicatos convocantes de la protesta "representamos a 7.00 trabajadores
en la Comunidad, somos sus representantes legales y exigimos que el
presidente Garre nos reciba y escuche nuestra voz".
El delegado sindical de CSI-F, Francisco Jiménez, ha lamentado el
"afán del Gobierno regional de vender los servicios públicos al mejor
postor, contribuyendo a que servicios que ellos mismos han considerado
prioritarios y esenciales pasen a estar gestionados por empresas
privadas".
Ha advertido que "no se puede seguir por la senda de la
destrucción de empleo, la pobreza, el paro y una situación de
precariedad a todos los niveles en la Comunidad Autónoma".
Al ser preguntado a este respecto, el portavoz del Ejecutivo
regional, José Gabriel Ruiz ha recordado que en el Consejo de Gobierno,
tal y como salió publicado en rueda de prensa, se aprobó la renovación
de un contrato de limpieza que afectaba a más de 40 institutos de la
Región y que se había terminado su vigencia, puesto que ya se venía
llevando a efecto.
En todo caso, ha asegurado que en esta renovación del contrato de
limpieza "no existe la afectación a ningún empleado público", sino que
eran contratos que venía celebrándose y se ha procedido solamente a su
renovación".
En cualquier caso, ha aseverado que la prestación de un servicio a
través de una contratación externa "no supone la privatización de
nada".
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