martes, 8 de julio de 2014

Un imputado en el 'caso Novo Carthago' dice ahora que existía un informe favorable de los servicios jurídicos

MURCIA.- El exdirector general de Arquitectura, Vivienda y Urbanismo de Murcia Manuel Alfonso Guerrero ha dicho hoy al declarar como imputado en el caso Novo Carthago de supuesta corrupción urbanística que si dio el visto bueno a una propuesta para que terrenos protegidos se convirtieran en urbanizables, fue porque procedía de los servicios jurídicos del Gobierno autonómico.

En su declaración ha señalado que la propuesta iba firmada por el jefe de esos servicios, "que además era experto urbanista, por lo que no puso en duda el informe en ningún momento, como tampoco" lo hace ahora.
Así mismo, ha afirmado que el documento también iba firmado por el subdirector general de su , lo que para Guerrero suponía igualmente una razón más que acreditaba la legalidad del proceso.
Ha dicho creer recordar que el informe elaborado por la dirección general de Regadíos de la consejería de Agricultura y Agua de Murcia no impedía la modificación urbanística que se proyectó, "sino que solo se tenía que atener a una serie de consideraciones".
A preguntas del fiscal Anticorrupción, ha expuesto que acudió a la reunión de la comisión regional de Medio Ambiente celebrada en la sede de la presidencia del Gobierno autonómico, en la que estuvo, entre otros, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, también imputado en esta causa.
Y ha añadido que fue una reunión muy rápida durante la que se habló de la posibilidad de introducir una zona de equipamiento deportivo en los terrenos, sobre los que la empresa Hansa Urbana proyectaba desarrollar la urbanización Novo Carthago, que finalmente no se llevó a cabo.
Guerrero no ha creído recordar que en ese encuentro se hablase del aprovechamiento de los sistemas generales, ya que, en tal caso, se hubieran dirigido a él, por ser una cuestión de su competencia.
Tampoco ha recordado si Cerdá habló a favor del proyecto ni si a la reunión asistió algún representante de Hansa Urbana, sociedad cuyo presidente, Rafael Galea, es otro de los imputados del caso por proyectar construir 10.000 viviendas, hoteles de lujo y campos de golf sobre terrenos parcialmente protegidos medioambientalmente.

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