MURCIA.-El Juzgado que investiga el caso Umbra, sobre presunta corrupción
urbanística en la expansión norte de la ciudad de Murcia, ha acordado
una quinta prórroga del secreto que pesa sobre la pieza separada acerca
del patrimonio del alcalde, Miguel Ángel Cámara, porque el fiscal
anticorrupción tiene dudas sobre los datos conocidos.
El auto del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia señala que recibido el informe elaborado por los técnicos de la Agencia Tributaria y puesto en conocimiento del ministerio público, este informó en el sentido de que tiene algunas dudas sobre determinados extremos contenidos en el mismo.
La respuesta del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha sido que, tras analizar el informe, llega a la conclusión de que «es necesario solicitar información adicional que pueda explicitar las dudas anteriores» y, con el fin de evitar que la investigación pueda frustrarse, reclama del juez el mantenimiento del secreto sobre esa pieza.
Más todavía, el fiscal advierte de que «en este momento no se pueden descartar otras futuras peticiones probatorias que también exigirían el mantenimiento del secreto».
Después de seis meses, el informe elaborado por la Inspección Fiscal está ya en poder del juez y las conclusiones no parecen abiertamente favorables a Cámara.
Así, añade el auto, solicita el mantenimiento del secreto de las actuaciones seguidas para la averiguación del patrimonio de Cámara, que está imputado en estas diligencias, para que de esta forma puedan practicarse determinadas "comprobaciones adicionales".
El documento sobre el patrimonio del alcalde que ha dado origen a todas estas diligencias se recibió en el Juzgado de Instrucción nº 8 el 30 de diciembre de 2013, y desde el 28 de enero siguiente, en que se acordó declarar secreta la pieza separada, todos los meses se dicta un auto prorrogando ese secreto, lo que determina que solo el fiscal tiene acceso a lo que se va conociendo sobre el asunto.
El magistrado recuerda que dictó el secreto sobre esa parte del sumario en esa fecha de enero pasado. Lo hizo tras recibir un informe preliminar sobre los bienes acumulados por Cámara en los últimos años, del que solo trascendió que estaba constituido por 22 folios y que ofrecía datos «de lo que en principio podría resultar motivo de imputaciones delictivas».
El auto del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia señala que recibido el informe elaborado por los técnicos de la Agencia Tributaria y puesto en conocimiento del ministerio público, este informó en el sentido de que tiene algunas dudas sobre determinados extremos contenidos en el mismo.
La respuesta del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha sido que, tras analizar el informe, llega a la conclusión de que «es necesario solicitar información adicional que pueda explicitar las dudas anteriores» y, con el fin de evitar que la investigación pueda frustrarse, reclama del juez el mantenimiento del secreto sobre esa pieza.
Más todavía, el fiscal advierte de que «en este momento no se pueden descartar otras futuras peticiones probatorias que también exigirían el mantenimiento del secreto».
Después de seis meses, el informe elaborado por la Inspección Fiscal está ya en poder del juez y las conclusiones no parecen abiertamente favorables a Cámara.
Así, añade el auto, solicita el mantenimiento del secreto de las actuaciones seguidas para la averiguación del patrimonio de Cámara, que está imputado en estas diligencias, para que de esta forma puedan practicarse determinadas "comprobaciones adicionales".
El documento sobre el patrimonio del alcalde que ha dado origen a todas estas diligencias se recibió en el Juzgado de Instrucción nº 8 el 30 de diciembre de 2013, y desde el 28 de enero siguiente, en que se acordó declarar secreta la pieza separada, todos los meses se dicta un auto prorrogando ese secreto, lo que determina que solo el fiscal tiene acceso a lo que se va conociendo sobre el asunto.
El magistrado recuerda que dictó el secreto sobre esa parte del sumario en esa fecha de enero pasado. Lo hizo tras recibir un informe preliminar sobre los bienes acumulados por Cámara en los últimos años, del que solo trascendió que estaba constituido por 22 folios y que ofrecía datos «de lo que en principio podría resultar motivo de imputaciones delictivas».
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