MURCIA.- La Secretaría General de la Delegación del Gobierno central en la región
de Murcia ha multado con 30.000 euros a una empresa de Murcia y a otra
de Calasparra por violar los derechos de los trabajadores extranjeros y
su integración social en España.
Se trata de la sociedad limitada
murciana que responde a las iniciales K.P. y de la calasparreña que lo
hace a las de M.T., cuyos responsables pueden recurrir las sanciones en
el plazo de un mes.
Por el mismo motivo, las empresas P.A., de
Murcia, y M.B.S.S., de la pedanía de Sangonera la Verde, han sido
multadas con 10.000 euros cada una.
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