MURCIA.- El Sindicato Médico de la Región (CESM)
mostró «su absoluto rechazo» a la decisión del SMS de desestimar la
solicitud de indemnización presentada por la familia de María Eugenia
Moreno, médico de familia asesinada en 2009 por un paciente mientras
trabajaba en el centro de salud de Moratalla.
En un comunicado de
prensa fuentes de este sindicato afirman que «la Administración, como
empresa, tiene la obligación de velar por la seguridad de sus
trabajadores y asumir las responsabilidades en caso de que se produzca
un siniestro».
Por ello, exige que el SMS «repare de inmediato
las deficiencias que se puedan producir en materia de seguridad laboral
en los centros sanitarios de la Región, y que establezca los planes y
protocolos oportunos para la prevención de riesgos y agresiones a
sanitarios, al tiempo que cumpla la normativa actual».
Negativa del SMS
El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha desestimado la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por el esposo y la madre de la doctora María Eugenia Moreno, que fue muerta a tiros por un paciente en 2009 cuando prestaba sus servicios en el Centro de Salud de Moratalla.
Negativa del SMS
El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha desestimado la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por el esposo y la madre de la doctora María Eugenia Moreno, que fue muerta a tiros por un paciente en 2009 cuando prestaba sus servicios en el Centro de Salud de Moratalla.
El suceso ocurrió cuando el agresor, un taxista jubilado residente en
Moratalla y natural de Barcelona, entró en el centro médico y comenzó a
disparar. Los tiros alcanzaron a la doctora, que estaba de guardia, y
que había atendido al agresor horas antes en su consulta.
La mujer, de 34 años y natural de Cehegín aunque residía en Bullas,
recibió cuatro disparos en el pecho y uno en la cabeza que finalmente le
provocaron la muerte a las 15.30 horas, en el Hospital Virgen de la
Arrixaca de la capital.
La resolución del SMS se basa en que, según su criterio, los hechos
fueron imprevisibles, por lo que ninguna responsabilidad puede
exigírsele.
Por el contrario, los demandantes consideran que la situación de
agresividad hacia el personal médico era conocida por los responsables
sanitarios, hasta el punto de que en 2005 el SMS aprobó un plan de
prevención en el que se establecían unas medidas de protección, como
alarma, arco de metales, presencia de guardas jurados, etc. para algunos
centros.
Por ello, exponen los familiares de la doctora fallecida de forma
violenta, el peligro existía y era conocido, sin que se hubieran
adoptado todas las medidas precisas para proteger la vida de los
profesionales de la sanidad.
La reclamación recogía que "los reclamantes consideran que el daño
sufrido por la doctora Moreno se produjo en el desarrollo de su
actividad laboral, pero es una agresión que no forma parte de los
riesgos inherentes a su profesión; su sacrificio no era obligado, ni
debe soportar los irreparables daños que su fallecimiento irrogó a los
mismos".
Los demandantes, que se proponen acudir a la vía contenciosa tras la
negativa del SMS a entregarles la indemnización solicitada, señalan
también que la Gerencia de Sanidad, pese a que desde septiembre de 2005
estaba obligada a ello, no había ejecutado la planificación de la
actividad preventiva del centro de salud de Moratalla.
Por otra parte, señalan que la agresividad del autor de los disparos
-que murió en prisión antes de la celebración del juicio- era conocida,
por lo que lo imprevisible de su conducta, alegada por Sanidad, no es
tal.
"En cualquier caso -añaden- no es el criterio de previsibilidad el
que debe emplearse para la resolución de este asunto, sino el de la nula
obligación del personal médico de soportar las consecuencias de un
comportamiento inadecuado de los pacientes".
"La doctora Moreno -concluyen- prestaba su trabajo al SMS, que debía
garantizar su ejercicio en condiciones de seguridad adecuadas, pues no
entraba dentro de sus obligaciones perder la vida, fuera el suceso
previsible o imprevisible".
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