CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, y el viceportavoz, Joaquín López Pagán, anunciaron ya que el PSRM ha pedido que se inicie el procedimiento para que se aparte de su escaño en la Asamblea Regional a la diputada popular y alcaldesa de Pliego, Isabel Toledo. El PSRM da este paso tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que condenó a la regidora por un delito de prevaricación al no impedir los ruidos que generaba un bar del municipio. El TSJ le impuso nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
García Retegui explicó que Toledo, según la Ley Electoral y el Reglamento de la Cámara, debe dejar su acta como diputada tras la sentencia. López anunció que la próxima semana se reunirá la Comisión del Estatuto del Diputado, a petición del PSRM, para dictaminar y realizar un informe jurídico sobre la situación de esta diputada.
El viceportavoz del PP en la Asamblea Regional, Víctor Manuel Martínez, aseguró que como partido político deberán esperar al informe de los servicios jurídicos sobre el caso de la diputada. «En base a esos informes habrá que obrar en consecuencia», recalcó el diputado popular.
Toledo, por su parte, mostró «respeto a la legalidad» ante una sentencia «que acato pero que en absoluto comparto, por no ser razonable ni proporcionada». La diputada afeó, asimismo, al Grupo Socialista que quiera aplicarle «una norma de 2011 con efecto retroactivo por hechos del año 2000».
Según recordó, «he sido juzgada por el TSJ de Murcia junto al anterior alcalde socialista de Pliego, con una sentencia que acato pero que en absoluto comparto, razón por lo cual mi abogado ha preparado un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo». Por tanto, insistió, «dicha sentencia no es firme y no produce ningún efecto». Pero es que además «ésta solo me inhabilita para el cargo de alcaldesa y no para el de diputada regional», aclaró.
Sobre el procedimiento iniciado por el PSRM para apartarla del escaño, Toledo aclaró que «evidentemente me resisto» y manifestó que «se ha solicitado un dictamen jurídico a la Universidad de Murcia, que según me adelantan también considera que dicho precepto legal no es de aplicación a mi caso».
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