El magistrado Abadía habla de imágenes en yates, que implicarían a políticos 'de primer nivel' en el "caso Novo Carthago"

MURCIA.- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investiga el caso Novo Carthago sobre presunta corrupción urbanística, Manuel Abadía, asegura en el auto de imputación del delegado del Gobierno en la Región, Joaquín Bascuñana, exconsejero regional, que si no imputa en el caso «a otras autoridades políticas de primer nivel» es porque supuestas imágenes captadas cerca de yates han sido borradas.

El instructor de la causa apunta que la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto de construcción de 10.000 viviendas cerca del mar Menor, en un espacio protegido, debió contar con la promesa de las autoridades regionales de que se llevaría a cabo la recalificación urbanística necesaria para hacerlo viable.

El magistrado Manuel Abadía añade que, en caso contrario, Caja Mediterráneo, «principal financiadora y fuertemente controlada en aquellos tiempos (2003) por los partidos políticos», no habría dado ningún préstamo «si no tenía la seguridad total de que el plácet político estaba otorgado en todos los aspectos».

Ese ofrecimiento, dice, debió hacerse en el Gobierno regional murciano y en el ayuntamiento de Cartagena e incluir la reforma legislativa necesaria para posibilitar la ejecución del proyecto.

El acuerdo, se lee en el auto, se celebró entre el presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea, «y autoridades políticas de primer nivel, como Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena», diputada en el Congreso por la Región de Murcia, «y otros que no han podido aún ser traídos al proceso porque las imágenes captadas por cámaras instaladas en determinados lugares han sido borradas en aplicación de la Ley de Protección de Datos».

«Esas cámaras –añade– captaban imágenes cercanas a muelles de atraque de yates, grandes hoteles o edificios oficiales». Los vídeos fueron borrados al cabo de los tres años que, como plazo máximo, permite la ley dentro de la fase de bloqueo, que restringe su uso durante ese tiempo exclusivamente a jueces y tribunales.

Abadía señala que cuando inició la investigación, dado el tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos, todas las cintas habían sido destruidas por obligación legal.

Por ello, concluye, «no ha sido posible traer a todos los que intervinieron tomando el acuerdo de aprobar la urbanización por encima y en contra de las leyes de protección de la naturaleza y del suelo no urbanizable, pues si hubiera accedido antes a la instrucción, los habría llamado a todos como imputados».