miércoles, 25 de junio de 2014

El magistrado Abadía detecta una presunta trama criminal en la Comunidad Autónoma a raíz del 'caso Novo Carthago'

MURCIA.- «Estamos en presencia de un delito de prevaricación continuada», en referencia al 'caso Novo Carthago', según sostiene el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Manuel Abadía, quien ha aceptado la tesis de la Fiscalía en el sentido de «que se producen una serie de actos sucesivos, todos ellos concatenados, no pudiendo entenderse la última resolución del ex consejero Bascuñana sin las anteriores», según el resumen del auto publicado hoy por 'La Verdad'

Ninguno de estos pasos, remarca, «es intrascendente para conseguir el fin pretendido». El juez habla, incluso, en su escrito de una «trama en la Comunidad Autónoma».
De esta forma, el magistrado Abadía acepta la tesis de la Fiscalía, que sostiene que «se parte de una puesta de acuerdo entre el Ayuntamiento, que preside la señora Barreiro, con Hansa Urbana, la promotora del 'resort', y la Consejería de Medio Ambiente, y necesariamente, con la Consejería de Obras Públicas, que es la que aprobaría el proyecto».
El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ entiende que todos los funcionarios y autoridades intervinientes en el reinicio del PORN y la modificación puntual del PGOU de Cartagena podrían ser responsables de un delito de prevaricación como autores por participación necesaria. «El suelo es y era un suelo no urbanizable de protección especial y, a través de la intervención de todos ellos, lograron por medio de resoluciones e informes notoria y manifiestamente ilegales reclasificarlo a urbanizable», asegura el instructor en este escrito. 
Éste subraya, asimismo, que lo hicieron «con absoluto desprecio y preterición del todo el ordenamiento jurídico medioambiental y de las leyes de protección de la naturaleza, que son de obligado cumplimiento».
Por este motivo, el instructor del 'caso Novo Carthago' cita también a declarar como imputados a otros exaltos cargos de la consejería que dirigía Bascuñana. Se trata el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado -que también está imputado en el 'caso Zerrichera'-; el exdirector general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; el exdirector general de Ordenación del Territorio, José María Bernabé; y el asesor jurídico Luis R.A. La Fiscalía considera que «todos ellos son verdaderos cooperadores de la reclasificación» del proyecto de Novo Carthago. Declararán los días 4 y 8 de julio. El auto los apercibe a todos de que, en el caso de no comparecer en las fechas señaladas, se podrá decretar su detención. En el texto, el instructor reclama, asimismo, a los técnicos de la Agencia Tributaria «la pronta terminación» de los informes patrimoniales de los imputados, incluidos Bascuñana y los cuatro integrantes del que fue su equipo.
El juez alude a la búsqueda por parte del máximo responsable de Hansa, Rafael Galea, del «plácet político» para un aspecto esencial: reunir la financiación necesaria para las obras. Abadía ve indicios de un «acuerdo» entre el promotor y «autoridades políticas de primer nivel», sin el que la antigua CAM no habría dado un préstamo. Abadía señala que la inversión prevista era de mil millones de euros, y que la CAM era la «principal financiadora» y estaba «fuertemente controlada en aquellos tiempos por los partidos políticos».
En los setenta folios del nuevo auto, el instructor realiza un amplio recorrido por la presunta trama de corrupción urbanística y el papel que habría jugado cada imputados. Destaca, por ejemplo, la actuación del exconsejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, que cinco días después de firmar una de las órdenes sobre el proyecto acudió a la caja fuerte que tenía contratada en una entidad bancaria y compró un bungalow en Campoamor y un garaje. El juez destaca, asimismo, que en 2004, cuando tomó posesión como consejero, solo tenía de renta disponible 47.278 euros, «subiendo exponencialmente sus ingresos» a partir de la fecha en que, con su firma, abrió información pública sobre el PORN del Mar Menor.
Respecto al consejero Cerdá, el magistrado destaca que con su firma de 12 de junio de 2003, que reiniciaba el PORN, perpetró «un atentado frontal a la ley y al Derecho» y remarca que se trató de una resolución evidente, patente, flagrante, clamorosa y manifiestamente injusta». El instructor recuerda que este PORN es el único por el que se convoca a una reunión en el Palacio de San Esteban a técnicos de la Consejería. Sostiene que acudió Ángel Luna, diputado valenciano del PSOE  y abogado de Hansa.
 Todo este relato de hechos, asegura, pone de manifiesto «de un modo diáfano, patente y evidente cómo la actuación se llevó a cabo de un modo frontal y contrario al Derecho, al respeto a los espacios naturales y paisajes protegidos y a evitar la revisión del Plan General a sabiendas y de modo deliberado porque no convenía los intereses espurios en juego».
El magistrado instructor también solicita en este auto información diversa al secretario del Ayuntamiento de Cartagena. Reclama la certificación de si expidió una licencia de movimiento de tierras.
Recuerda, asimismo, que en su anterior auto -de abril- ya se solicitó información al Ayuntamiento sobre la contaminación por materiales pesados de los terrenos obtenidos gratis en Novo Carthago y la existencia de un aval que garantice el coste total de la descontaminación. Cuestiona al secretario del Consistorio sobre si se ha asegurado jurídicamente de que la adquisición se realizó libre de cargas y gravámentes. 
El fiscal ya manifestó hace unos meses sus sospechas de que el Ayuntamiento pudo perdonar a la promotora la descontaminación de terrenos, causando un perjuicio económico millonario a las arcas municipales de Cartagena.
El magistrado Abadía, da credibilidad, en su escrito, a la versión mantenida por la Fiscalía sobre la existencia de «una puesta de acuerdo» entre el Ayuntamiento de Cartagena, la promotora Hansa Urbana y las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas. El juez llega a destacar, en su auto, la existencia de un encuentro «entre Rafael Galea -gerente de la promotora- y autoridades políticas de primer nivel, como Pilar Barreiro y otros que no han podido aún ser traídos al proceso».
El juez da por hecho, en el texto, que esa reunión se debió producir en un yate, un gran hotel o un edificio oficial y recuerda que, en los alrededores de esos escenarios, la ley obliga a bloquear las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia en un plazo máximo de un mes y a proceder a su destrucción en tres años.
Abadía explica que, dado el tiempo transcurrido, cuando asumió la causa esas grabaciones ya habían sido destruidas. Eso imposibilitó el hecho de llevar ante el juez a todos los que participaron en ese encuentro «tomando el acuerdo de aprobar la urbanización por encima y en contra de las leyes de protección de la naturaleza».