CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena y diputada a Cortes, Pilar Barreiro, está a punto de meterse en otro jardín judicial tras rechazar que un alto funcionario de carrera, el habilitado nacional por ley Fernando Urruticoechea, ocupe la plaza de interventor municipal, a la que tenía el mejor derecho, tras años de interinato en ese cargo con funcionarios municipales presuntamente designados a dedo por la misma alcaldesa a su conveniencia.
Este
activo funcionario contra la corrupción desde que ocupó la plaza de
interventor en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, sentando en el
banquillo a miembros de la Corporación municipal pertenecientes a varios
partidos, ocupa actualmente la plaza de interventor en el Ayuntamiento
de Orihuela, considerado uno de los más problemáticos de España respecto
a la corrupción estructural, adonde llegó procedente del Ayuntamiento
de Crevillente.
Se
considera no idóneo a Urruticoechea, el único aspirante al control de la
legalidad de la gestión económica municipal cartagenera, pese a
pertenecer al Cuerpo Nacional de Interventores de Administración Local,
que ahora estudia el caso, y que había solicitado la plaza al reunir de
sobra los requisitos de cualificación para ocuparla en base a la
convocatoria del concurso.
El
miedo de la alcaldesa y diputada parece tener que ver con los
antecedentes del aspirante en la lucha contra las irregularidades
urbanísticas en su paso por Cantabria y en su demostrada independencia
como funcionario.
El
actual régimen jurídico de las Corporaciones Locales prohibe dejar
desierto el concurso cuando concurre un aspirante con la debida
cualificación y reúne todos los requisitos, como es el caso de
Urruticoechea, quien anuncia que se va a recurrir esta decisión ante los
tribunales.
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