sábado, 14 de junio de 2014

Diego de Ramón pide al presidente Garre un ejercicio extremo de transparencia política y administrativa



MURCIA.- El abogado murciano y reciente candidato al Parlamento Europeo, Diego de Ramón, ha pedido por escrito al nuevo presidente de la Comunidad Autónoma y vecino, con fecha del pasado 4 de junio, un ejercicio extremo de transparencia política y administrativa en base a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno regional y pivotado en cuatro puntos.

De Ramón solicita, en primer lugar, a Garre una auditoría sobre los empleos públicos dentro de la Administración regional, organismos autónomos, empresas públicas, sociedades con participación autonómica, órganos consultivos, órganos colegiados, entidades financieras vinculadas económicamente con el Gobierno regional; sobre los hijos, familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, de todos los consejeros, órganos directivos, gabinetes en todas las legislaturas al haber tenido el mismo color político y la misma dirección del ex presidente Ramón Luis Valcárcel Siso (incluyendo su propia familia) y si han sido colocados (con la debida concurrencia, licitación y concurso público) igual que el resto de ciudadanos murcianos, sobre capacidad, idoneidad y legitimación de derecho.

En segundo lugar, una auditoría sobre el nombramiento de cargos públicos regionales relacionados con la Administración de Justicia en Murcia.

En tercero, que se practique el compromiso del Gobierno regional, según las declaraciones en prensa del actual consejero de Presidencia, José Gabriel Ruíz, de hacer una administración más cercana, transparente y participativa, iniciando una investigación "sobre la falta de protección a los ciudadanos que denuncian actos delictivos sobre corrupción en la contratación pública de la Administración regional y, en concreto, sobre la Consejería de Educación, Formación y Empleo, avalada por el Consejo Jurídico Consultivo, llevada a cabo por los ex consejeros Medina Precioso y Constantino Sotoca, relacionado todo con el Jefe de Inspección respecto a la empresa Zora S.L., liderada por su hijo y a la que se le atribuyen 21 proyectos de obra millonarios entre el año 2007 y 2011, cuando se ha de advertir que dicha mercantil lleva de alta seis años tras nacer con 3.500 euros, y con un activo en 2012 de 25.605.481 euros de patrimonio neto y pasivo, siendo el neto de 5.397.238 euros, lo cual deberá ser investigado hasta el momento de llegar como consejero Pedro Antonio Sánchez".

En cuarto y último lugar, De Ramón solicita que se investigue, en orden a la transparencia proclamada, los cursos de formación dados por la Consejería de Educación, Formación y Empleo, sobre las personas responsables; en este caso el ex director general de Formación y Empleo, Joaquín Buendía Gómez, y su esposa, María del Carmen Zamora Párraga, sobre los métodos de igualdad, concurso y méritos en relación con otros funcionarios para haber sido elegida.

El letrado murciano pide se investigue sobre el dinero recibido, desde 2008 hasta el presente, de los Fondos Sociales y de Desarrollo Regional del INFO y de los Presupuestos de esta Consejería para los cursos de formación y empleo, así como el dinero dado a los sindicatos, patronal regional y la propia administración pública autonómica, cursos dados, su cuantía y aplicación.

Finalmente De Ramón recuerda que, por el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están obligados los funcionarios y autoridades a denunciar ante los jueces los presuntos delitos que se detecten en esa investigación, en relación igualmente con el artículo 259 de la citada ley.

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