MURCIA.- El actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, está muy cerca de
convertirse en el tercer consejero de un Gobierno Valcárcel imputado por
el proyecto urbanístico 'Novo Carthago' a instancias del fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, según ha trascendido en las últimas horas a diversos medios de comunicación.
Un informe de 77 páginas elaborado y remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, apunta directamente al actual delegado del Gobierno en la Región, Joaquín Bascuñana, como la persona que dio «el beneplácito final» al proyecto urbanístico, ya que era consejero de Obras Públicas en las fechas en las que se realizaron los trámites administrativos cuya legalidad se investiga. entre 2003 y 2005.
En concreto, está bajo sospecha la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Cartagena que permitió la recalificación de un espacio natural situado en el entorno del Mar Menor.
El fiscal, quien no pide expresamente la imputación de Bascuñana (debe ser el juez el que decida), sí considera que el hecho de la aprobación definitiva del proyecto, que se produjo por orden expresa del entonces consejero de Obras Públicas, «pudiera entenderse como elemento del tipo de la prevaricación».
Un informe de 77 páginas elaborado y remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, apunta directamente al actual delegado del Gobierno en la Región, Joaquín Bascuñana, como la persona que dio «el beneplácito final» al proyecto urbanístico, ya que era consejero de Obras Públicas en las fechas en las que se realizaron los trámites administrativos cuya legalidad se investiga. entre 2003 y 2005.
En concreto, está bajo sospecha la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Cartagena que permitió la recalificación de un espacio natural situado en el entorno del Mar Menor.
El fiscal, quien no pide expresamente la imputación de Bascuñana (debe ser el juez el que decida), sí considera que el hecho de la aprobación definitiva del proyecto, que se produjo por orden expresa del entonces consejero de Obras Públicas, «pudiera entenderse como elemento del tipo de la prevaricación».
De ser así, fuentes de Interior aseguraban hoy mismo que el actual delegado sería cesado a continuación por un Consejo de Ministros en su actual cargo, al que accedió en su día sin el conocimiento preciso del ministro, Jorge Fernández Díaz, sobre su situación ante los tribunales por el riesgo objetivo ya entónces de llegar a ser imputado.
El PP de la Región de Murcia propuso a Bascuñana para el citado cargo ocultando al ministro que estaba siendo investigado por su presunta implicación en un turbio asunto de recalificación urbanística en zona ambientalmente protegida y para la que se proyectó en su día la polémica -por sus sobrecostes- desalinizadora de Escombreras a cargo de las arcas autonómicas.
También la alcaldesa de Cartagena y actual diputada a Cortes por el PP, Pilar Barreiro, puede terminar siendo imputada en este mismo caso, según trasciende de la propia investigación criminal y de la actitud de fiscal y juez instructor en los últimos días, en el sentido de darle la oportunidad de que sea ella quien dé un primer paso antes de una casi segura dirección instructora que eleve el asunto al Tribunal Supremo al tratarse de una persona aforada sobre la que habrá que solicitar el correspondiente suplicatorio al presidente del Congreso, según afirma 'La Opinión'.
Juan Pablo Lozano considera en su escrito, al que ha tenido acceso esta Redacción, que «es en sede de la Comunidad donde se realizaron los actos que permitieron tal despropósito urbanístico de Novo Carthago», señalando también que las decisiones últimas sobre el proyecto «escapan a la simple voluntad municipal por espuria que pudiera ser» y que requirieron de «una unidad de actuación que solo se puede imponer desde la responsabilidad de alguno o varios consejeros del Gobierno murciano».
«Esta clase de decisiones de alto nivel sólo se podían tomar por el que contase con el necesario poder político y la posición idónea en el organigrama del Gobierno de Murcia para hacerlo: primero, el consejero Cerdá, verdadero artífice y responsable directo de ofrecer el aparente anclaje jurídico del proyecto; seguido del consejero Francisco Marqués (también imputado), como sucesor en la consejería de Medio Ambiente, y finalmente con el beneplácito final del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana», apunta el informe del representante del ministerio público.
Y es que Lozano resalta en su informe «el constante peloteo» entre los entonces directores generales de Calidad Ambiental (Antonio Alvarado), Ordenación del Territorio (José María Bernabé) y Urbanismo (José María Ródenas) «para, entre ellos, obtener los informes de complaciencia necesarios para ir solventando los trámites legales con ánimo de favorecer Novo Carthago».
De esta forma, y aunque en ningún momento solicita expresamente la imputación del delegado del Gobierno, el fiscal sí llama la atención sobre que «no se ha profundizado respecto a otras responsabilidades penales que pudiera haber en el dictado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable ni respecto a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 113 del Plan General de Cartagena», que se hizo por orden del entonces consejero Bascuñana.
Versión de Fiscalía
Los supuestos delitos de prevaricación que -sumados a otros adyacentes, como el de cohecho- se investigan en el 'Novo Carthago' «son delitos de tracto sucesivo -expone el fiscal a 'La Verdad'-, donde los distintos intervinientes van aportando el informe y cumpliendo el trámite necesario, en sí mismos insuficientes para consumar el propósito delictivo último, pero facilitando su posterior consumación. Y en donde la primera decisión, por delictiva que fuese, se debe ir asumiendo en cada una de las fases posteriores».
De esta manera resume el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, la coordinación y la unión de voluntades que supuestamente se produjo entre el Ayuntamiento de Cartagena y las consejerías dirigidas por Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana para conseguir que un megaproyecto urbanístico como 'Novo Carthago', que preveía levantar unas 10.000 viviendas junto al Mar Menor, además de hoteles y otras instalaciones, fuera superando todos los trámites hasta su aprobación definitiva. Y ello a pesar del cúmulo de presuntas ilegalidades que hubieron de cometerse para llegar a ese fin.
Entre los hechos supuestamente irregulares e indicios delictivos que reseña el Ministerio Público en su informe destacan algunos tan llamativos como el hecho de que Hansa Urbana, la promotora de 'Novo Carthago', adquiriera en julio de 2002 los primeros terrenos, que eran precisamente los calificados como protegidos. Se gastó en ellos 15 millones de euros. «Tan seguro estaba Rafael Galea (máximo responsable de la compañía) de que el proyecto estaba consensuado en conversaciones previas», advierte el fiscal.
Relata igualmente que luego se produjeron algunas supuestas llamadas desde el Ayuntamiento de Cartagena al consejero Antonio Cerdá para que impulsara el proyecto, aunque el exconcejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillén, aseguró en su declaración en el juzgado que él en ningún momento mantuvo conversaciones con responsables de la Comunidad Autónoma.
Unas llamadas, en cualquier caso, que acabaron dando lugar a reuniones entre representantes de Hansa Urbana, el propio consejero, directores generales y técnicos de la Consejería, que ya en ese momento expusieron que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor no permitía poner un campo de golf en el espacio protegido. «Ante la negativa del Servicio de Protección competente a modificar el PORN, se modificó utilizando el conocimiento jurídico de una asesora del consejero Cerdá, María Antonieta Fernández», según relata el informe.
No menos relevante es el hecho, según el fiscal, de que los planos del proyecto 'Novo Carthago', presentados en el Ayuntamiento de Cartagena, ya incluyeran en mayo de 2003 la zona protegida, cuando todavía no se había reiniciado ni la tramitación del nuevo PORN.
Otro dato a tener en cuenta es que la macrourbanización se presentó públicamente el 12 de junio de 2003, justo el mismo día en que se reiniciaba el PORN, lo cual apunta a que Hansa Urbana tenía conocimiento detallado de los trámites que iba a ir superando el proyecto.
Curiosamente, este PORN del 2003 es el único -destaca Lozano- que se ha hecho en la Región sin la intervención del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, que es el órgano competente para ello. Además, el aprovechamiento urbanístico correspondiente al espacio natural se traspasó al proyecto 'Novo Carthago', considerándolo sistema general, pese a que la ley que permitía ese 'traspaso' no se aprobó hasta un año después.
En agosto de 2004, el proyecto se aprobó provisionalmente por el Ayuntamiento de Cartagena, sin la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este informe no estuvo listo hasta el 20 de enero de 2005, después de haberse rechazado otro que era desfavorable a los intereses de Hansa Urbana.
Y en mayo de 2005 se reinició de nuevo el PORN del Mar Menor -que ya se había reiniciado a su vez en junio de 2003-, siendo entonces cuando por fin se abre un proceso de información pública y presentación de alegaciones.
Así, de supuesta ilegalidad en ilegalidad, hasta la aprobación final, siempre según recoge 'La Verdad'.
Juan Pablo Lozano considera en su escrito, al que ha tenido acceso esta Redacción, que «es en sede de la Comunidad donde se realizaron los actos que permitieron tal despropósito urbanístico de Novo Carthago», señalando también que las decisiones últimas sobre el proyecto «escapan a la simple voluntad municipal por espuria que pudiera ser» y que requirieron de «una unidad de actuación que solo se puede imponer desde la responsabilidad de alguno o varios consejeros del Gobierno murciano».
«Esta clase de decisiones de alto nivel sólo se podían tomar por el que contase con el necesario poder político y la posición idónea en el organigrama del Gobierno de Murcia para hacerlo: primero, el consejero Cerdá, verdadero artífice y responsable directo de ofrecer el aparente anclaje jurídico del proyecto; seguido del consejero Francisco Marqués (también imputado), como sucesor en la consejería de Medio Ambiente, y finalmente con el beneplácito final del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana», apunta el informe del representante del ministerio público.
Y es que Lozano resalta en su informe «el constante peloteo» entre los entonces directores generales de Calidad Ambiental (Antonio Alvarado), Ordenación del Territorio (José María Bernabé) y Urbanismo (José María Ródenas) «para, entre ellos, obtener los informes de complaciencia necesarios para ir solventando los trámites legales con ánimo de favorecer Novo Carthago».
De esta forma, y aunque en ningún momento solicita expresamente la imputación del delegado del Gobierno, el fiscal sí llama la atención sobre que «no se ha profundizado respecto a otras responsabilidades penales que pudiera haber en el dictado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable ni respecto a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 113 del Plan General de Cartagena», que se hizo por orden del entonces consejero Bascuñana.
Versión de Fiscalía
Los supuestos delitos de prevaricación que -sumados a otros adyacentes, como el de cohecho- se investigan en el 'Novo Carthago' «son delitos de tracto sucesivo -expone el fiscal a 'La Verdad'-, donde los distintos intervinientes van aportando el informe y cumpliendo el trámite necesario, en sí mismos insuficientes para consumar el propósito delictivo último, pero facilitando su posterior consumación. Y en donde la primera decisión, por delictiva que fuese, se debe ir asumiendo en cada una de las fases posteriores».
De esta manera resume el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, la coordinación y la unión de voluntades que supuestamente se produjo entre el Ayuntamiento de Cartagena y las consejerías dirigidas por Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana para conseguir que un megaproyecto urbanístico como 'Novo Carthago', que preveía levantar unas 10.000 viviendas junto al Mar Menor, además de hoteles y otras instalaciones, fuera superando todos los trámites hasta su aprobación definitiva. Y ello a pesar del cúmulo de presuntas ilegalidades que hubieron de cometerse para llegar a ese fin.
Entre los hechos supuestamente irregulares e indicios delictivos que reseña el Ministerio Público en su informe destacan algunos tan llamativos como el hecho de que Hansa Urbana, la promotora de 'Novo Carthago', adquiriera en julio de 2002 los primeros terrenos, que eran precisamente los calificados como protegidos. Se gastó en ellos 15 millones de euros. «Tan seguro estaba Rafael Galea (máximo responsable de la compañía) de que el proyecto estaba consensuado en conversaciones previas», advierte el fiscal.
Relata igualmente que luego se produjeron algunas supuestas llamadas desde el Ayuntamiento de Cartagena al consejero Antonio Cerdá para que impulsara el proyecto, aunque el exconcejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillén, aseguró en su declaración en el juzgado que él en ningún momento mantuvo conversaciones con responsables de la Comunidad Autónoma.
Unas llamadas, en cualquier caso, que acabaron dando lugar a reuniones entre representantes de Hansa Urbana, el propio consejero, directores generales y técnicos de la Consejería, que ya en ese momento expusieron que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor no permitía poner un campo de golf en el espacio protegido. «Ante la negativa del Servicio de Protección competente a modificar el PORN, se modificó utilizando el conocimiento jurídico de una asesora del consejero Cerdá, María Antonieta Fernández», según relata el informe.
No menos relevante es el hecho, según el fiscal, de que los planos del proyecto 'Novo Carthago', presentados en el Ayuntamiento de Cartagena, ya incluyeran en mayo de 2003 la zona protegida, cuando todavía no se había reiniciado ni la tramitación del nuevo PORN.
Otro dato a tener en cuenta es que la macrourbanización se presentó públicamente el 12 de junio de 2003, justo el mismo día en que se reiniciaba el PORN, lo cual apunta a que Hansa Urbana tenía conocimiento detallado de los trámites que iba a ir superando el proyecto.
Curiosamente, este PORN del 2003 es el único -destaca Lozano- que se ha hecho en la Región sin la intervención del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, que es el órgano competente para ello. Además, el aprovechamiento urbanístico correspondiente al espacio natural se traspasó al proyecto 'Novo Carthago', considerándolo sistema general, pese a que la ley que permitía ese 'traspaso' no se aprobó hasta un año después.
En agosto de 2004, el proyecto se aprobó provisionalmente por el Ayuntamiento de Cartagena, sin la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este informe no estuvo listo hasta el 20 de enero de 2005, después de haberse rechazado otro que era desfavorable a los intereses de Hansa Urbana.
Y en mayo de 2005 se reinició de nuevo el PORN del Mar Menor -que ya se había reiniciado a su vez en junio de 2003-, siendo entonces cuando por fin se abre un proceso de información pública y presentación de alegaciones.
Así, de supuesta ilegalidad en ilegalidad, hasta la aprobación final, siempre según recoge 'La Verdad'.
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