MURCIA.- Un total de 11.338 personas de la Región
de Murcia con estatus de personas dependientes reconocido están a la
espera de percibir las ayudas o servicios que establece la Ley de la
Dependencia, lo que representa un cuarto del total de 38.181 personas
que hay en la Comunidad con este derecho adquirido.
Su tiempo de
espera llega a alcanzar incluso los tres años, cuando el límite máximo
legal es de seis meses. Así lo hizo saber Lorenzo Gutiérrez Díez,
coordinador del Colegio de Trabajo Social de la Región de Murcia, un
organismo que aglutina a cerca de 800 profesionales, una parte de los
cuales están atendiendo a las personas con dependencia en los diferentes
ayuntamientos y asociaciones que se encargan de esta materia en la
Región.
Gutiérrez explicó que la cifra de personas con
dependencia que está a la espera de recibir las ayudas llegó a alcanzar
los 14.000 de octubre de 2011 a mayo de 2012, pero ha ido descendiendo
en los últimos años. Sin embargo, argumentó que esta bajada no se debe a
que se hayan incorporado a los servicios, ya que la cifra de
beneficiarios actual es inferior al número de beneficiarios que había en
junio de 2011, sino que ha descendido porque los beneficiarios han ido
falleciendo o porque están desistiendo dado que se están reduciendo los
servicios y prestaciones económicas, así como por falta de recursos
suficientes para afrontar los elevados copagos impuestos en los últimos
años.
No obstante, destacó que la lista de espera está
«prácticamente paralizada» desde julio de 2012. Estas personas llevan
esperando uno, dos y hasta tres años desde el momento en el que los
técnicos reconocieron su dependencia y, en muchos casos, han tenido
incluso la propuesta de resolución hecha, a la espera solo de la firma
del director general de la Comunidad y del director gerente, según
Gutiérrez. Por tanto, el coordinador del Colegio advirtió que no se
trata de un problema de recursos humanos y técnicos que evalúen la
dependencia, sino que es un problema que tiene que definir la Comunidad
Autónoma.
En concreto, lamentó que la Administración suele
esgrimir que existe un «problema económico», y que cumplirá cuando la
situación económica mejore. Sin embargo, Gutiérrez recordó que este
problema existe en la Región desde el 1 de enero de 2007, cuando la Ley
entró en vigor, ya que «no ha existido desde el primer momento una
voluntad de poner en marcha las medidas que implica».
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