MURCIA.- La Junta Directiva de la patronal territorial CROEM aprobó esta semana la
modificación de estatutos, que quedan ahora pendientes de la
ratificación por parte de la Asamblea General, y que incluyen, entre
otros puntos, la limitación del mandato del presidente a un periodo
máximo de ocho años.
También incluyen la consideración de
vicepresidencia nata –además de las ya consideradas de las patronales comarcales de Cartagena y Lorca, Coec y Ceclor–
para la organización con más peso dentro de la confederación o la
consideración como miembros de pleno derecho en la Asamblea General de
las empresas adheridas.
Además se incluye el sometimiento de los
miembros de la CROEM al código ético y de buen gobierno de la CEOE, y que los
ex presidentes serán miembros de pleno derecho de la Asamblea General y
la Junta Directiva, así como la creación de la figura de la Comisión de
Secretarios Generales y participación de los mismos en la Asamblea
General en calidad de invitados.
El nuevo presidente de la patronal
murciana, José María Albarracín, señaló que uno de sus objetivos es que
antes de junio de 2015 se puedan alcanzar el centenar de empresas
adheridas, lo que demuestra que la CROEM es, hasta ahora, una patronal con piés de barro como consecuencia de la 'era García' en alusión al recientemente jubilado secretario general, Clemente García, ex alcalde franquista de la ciudad de Murcia y políticamente declarado partidario en su día de los fusilamientos de septiembre de 1975.
Precisamente, representantes de víctimas personadas en la causa abierta en Argentina para investigar crímenes del franquismo estiman que los tribunales españoles deben juzgar algún día a ministros y responsables de aquella época, lo que ven más cerca tras la reciente visita a España de la juez argentina María Servini.
En este sentido, creen que las declaraciones que la juez María Servini ha tomado esta semana a víctimas del franquismo en diferentes juzgados españoles suponen un avance en esta causa, en la que ya figuran trescientas personas como querellantes.
Precisamente, representantes de víctimas personadas en la causa abierta en Argentina para investigar crímenes del franquismo estiman que los tribunales españoles deben juzgar algún día a ministros y responsables de aquella época, lo que ven más cerca tras la reciente visita a España de la juez argentina María Servini.
En este sentido, creen que las declaraciones que la juez María Servini ha tomado esta semana a víctimas del franquismo en diferentes juzgados españoles suponen un avance en esta causa, en la que ya figuran trescientas personas como querellantes.
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