"Hace apenas un mes, el Congreso de los
Diputados aprobó el proyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones, que
el ministro Soria definió cómo «una reforma estructural orientada a
recuperar la unidad del mercado y a facilitar el despliegue de redes y
servicios».
¿Qué cambios introduce la nueva Ley? En primer lugar, da
carta blanca a las empresas para instalar y actualizar sin requisitos
previos antenas y equipos a voluntad, incluyendo la expropiación de
inmuebles privados, si es preciso. No harán falta informes, controles,
ni licencias, mientras la instalación se ajuste a lo especificado en un
plan general de instalaciones, algo que se comprobaría –llegado el caso–
a posteriori. Es decir, nadie va a poder oponerse a que le planten una
antena en su propiedad.
Otro punto fuerte de esta nueva ley es que ni
menciona, ni protege, en ningún sentido, el derecho a la salud de los
ciudadanos, ni del medio ambiente. La revisión de los niveles de
radiación emitidos, como ahora, está «controlado» por las empresas
instaladoras que, una vez al año, comprueban el funcionamiento de sus
antenas y remiten un informe al Ministerio sobre su corrección.
¿Se
imaginan ustedes que se midiese la calidad del agua, del aire o la
contaminación ambiental una sola hora de un sólo día al año, que quien
efectúa la medición fuese el responsable de la contaminación y que éste
no tuviera obligación alguna para con la salud de los ciudadanos?
Por
último, otra de las cuestiones capitales de esta nueva Ley es que
elimina las competencias municipales y autonómicas al respecto, por lo
que, en cuanto sea aprobada, ni ayuntamientos ni comunidades autónomas
tendrán competencias para opinar o decidir. Libre mercado, eso sí."
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