BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) ha pedido a las autoridades
competentes que procedan "con urgencia" al cierre, sellado y
regeneración del vertedero de la empresa Proambiente, entre los términos
municipales españoles de Abanilla y Orihuela, así como "de todos los vertederos
ilegales existentes en el país".
Esta es la respuesta del comisario europeo de Medio
Ambiente, Janez Potocnik, en nombre de la CE, a la pregunta del
eurodiputado socialista Andrés Perelló en la que constataba "graves
violaciones de, como mínimo, las directivas sobre vertido y gestión de
residuos" en este vertedero ubicado entre Alicante y Murcia .
El europarlamentario explicaba en su pregunta que pese a
que el gobierno murciano había decretado el cierre del vertedero en
2011, su propietario, Ángel Fenoll, "no sólo había desoído la resolución
de suspensión y sellado", sino que además había solicitado la apertura
de nuevos vasos por un período de 20 años "con la connivencia del
consistorio de Abanilla".
Perelló, quien visitó la zona en 2012, denunciaba en su
pregunta que a finales de 2011 la firma había vertido unas 120.000
toneladas de residuos sin tratar.
En el último informe emitido por el Instituto de Medicina
Legal, el volumen de basura ilegal enterrada podría estar alcanzando las
400.000 toneladas, de acuerdo con el eurodiputado.
Pese a que el vertedero sólo estaba autorizado a llevar a
cabo tareas de fabricación de compost y valorización, el
europarlamentario advirtió de la llegada de camiones con residuos de
todo tipo, "entre los que se encontraban materiales especialmente
peligrosos, como residuos sanitarios o cartuchos de tóner".
La fermentación de los residuos enterrados ilegalmente,
según Perelló, "está produciendo lixiviados tóxicos que afectan al suelo
agrícola, acuíferos subterráneos y zonas sensibles como la que rodea a
la potabilizadora de agua de Taibilla".
"El incremento de los malos olores derivados de la
continuidad de la actividad de la planta y su ampliación está afectando
seriamente a la salud y al bienestar de los vecinos, tal y como se
recoge en una denuncia formalizada por la plataforma interregional
Vertivega", concluyó el eurodiputado.
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