MURCIA.- ANSE y Ecologistas en Acción han lamentado en
un comunicado la elección de Antonio Cerdá para asumir previsiblemente
las competencias de Medio Ambiente en el nuevo Gobierno regional de
Alberto Garre.
Así, las dos asociaciones consideran "un lamentable error" esta
elección, al estar Cerdá imputado por un delito de prevaricación como
consecuencia de las investigaciones judiciales relacionadas con el
proyecto urbanístico de Novo Carthago (Mar Menor).
En el texto, Ecologistas en Acción y ANSE destacan que,
"paradójicamente, este consejero deberá abordar la aprobación de los
Planes de Gestión de la Red Natura 2000, mientras está imputado por
modificar 'a la carta' el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) del espacio natural protegido, LIC, ZEPA, Humedal Ramsar y ZEPIM
de Lo Poyo (Mar Menor)".
Ambos colectivos han recordado que, en su declaración en los
tribunales por el caso Novo Carthago, Cerdá afirmó que "el uso
recreativo es menos agresivo para un espacio protegido que un uso
agrícola", y han señalado que el consejero "asumió la modificación del
PORN del espacio protegido sin informes técnicos que lo justificaran, y
sin responder a las alegaciones presentadas a la aprobación inicial".
Finalmente, Ecologistas en Acción y ANSE han indicado que el
presidente electo Alberto Garre "está aún a tiempo de poner las
competencias de Medio Ambiente en una persona libre de sospecha,
conocedora de la problemática ambiental de nuestra Región y que posea un
talante dialogante para favorecer la participación pública".
De lo contrario, se han lamentado, "es más que probable que la
Región siga incumpliendo la normativa ambiental de la Unión Europea, y
aumentando sus déficits ambientales, que pagaremos todos los
ciudadanos".
Imputados, fuera de las listas
Los políticos españoles con juicios orales abiertos no podrán ser candidatos en listas electorales, según ha avanzado hoy el ministro de Justicia, Ruíz Gallardón. Y ha anunciado este miércoles que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sean citados como testigos.
Gallardón ha confirmado que la futura norma prohibirá también que aquellas personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos por corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral.
Y, en este sentido, ha prometido trasladar a la dirección del PP ese planteamiento del Gobierno con el fin de que en las subsiguientes citas con las urnas las listas electorales de su partido no incluyan a candidatos que tengan un juicio oral abierto.
Durante su intervención en el Congreso, Gallardón ha subrayado que para el Gobierno es "una prioridad absoluta" la lucha contra la corrupción, "un cáncer --ha dicho-- que nos puede matar a todos", y ha mostrado el deseo del Ejecutivo de poder llegar a acuerdos con los grupos de la oposición para encontrar medidas que pongan fin a esas prácticas.
Imputados, fuera de las listas
Los políticos españoles con juicios orales abiertos no podrán ser candidatos en listas electorales, según ha avanzado hoy el ministro de Justicia, Ruíz Gallardón. Y ha anunciado este miércoles que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sean citados como testigos.
Gallardón ha confirmado que la futura norma prohibirá también que aquellas personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos por corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral.
Y, en este sentido, ha prometido trasladar a la dirección del PP ese planteamiento del Gobierno con el fin de que en las subsiguientes citas con las urnas las listas electorales de su partido no incluyan a candidatos que tengan un juicio oral abierto.
Durante su intervención en el Congreso, Gallardón ha subrayado que para el Gobierno es "una prioridad absoluta" la lucha contra la corrupción, "un cáncer --ha dicho-- que nos puede matar a todos", y ha mostrado el deseo del Ejecutivo de poder llegar a acuerdos con los grupos de la oposición para encontrar medidas que pongan fin a esas prácticas.
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