SANTANDER.- El Ministerio de Industria subraya que todos
los permisos de investigación de gas no convencional otorgados en España
se encuentran en una fase "preliminar" de tramitación, por lo que "no
parece factible" la perforación de ningún sondeo con fractura hidráulica
"antes de dos años".
El departamento de José Manuel Soria destaca el "potencial" de la
cuenca vasco-cantábrica en recursos de gas no convencional, aunque al
mismo tiempo reconoce que "todavía hay mucha incertidumbre" en cuanto al
volumen de reservas de hidrocarburos no convencionales en España.
Estas reflexiones forman parte de un informe emitido por la
Dirección General de Política Energética y Minas el pasado 20 de enero,
con motivo del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno
de Mariano Rajoy contra la Ley que prohíbe el 'fracking' en Cantabria.
El Ministerio de Industria ha concedido en Cantabria cinco
permisos de investigación que afectan también a otras provincias
limítrofes: Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1 y Usapal. El departamento
de Soria admite que el gas no convencional es fuente de un "intenso
debate social" en España, sobre todo en la cuenca vasco-cantábrica,
donde los proyectos "son más visibles".
Al tiempo, destaca que cualquier explotación comercial derivada de
los permisos en tramitación "debe considerarse a largo plazo, habida
cuenta del tiempo de desarrollo de los proyectos de investigación y
explotación de hidrocarburos y los trabajos previos necesarios para su
concreción".
En el informe se señala que
los hidrocarburos no convencionales despiertan "un notable interés por
su contribución al autoabastecimiento energético de los países que los
explotan y por el desarrollo económico que implican (empleo e
inversiones)".
Sin embargo, reconoce que su explotación preocupa a la sociedad
por el "impacto ambiental que se atribuye" a la técnica utilizada para
su aprovechamiento, conocida como 'fracking', fundamentalmente
relacionado con la contaminación de acuíferos por el uso de aditivos
químicos, la utilización intensiva del suelo y el empleo de grandes
volúmenes de agua.
La fractura hidráulica consiste en la generación de fisuras
múltiples en la roca mediante la inyección de agua, arena y aditivos
químicos a grandes presiones para facilitar el paso del gas y su
extracción.
Tras analizar uno a uno sus impactos medioambientales, Industria
concluye que esta técnica, "como cualquier actividad industrial, implica
unos riesgos específicos muy significativos que deben ser gestionados
adecuadamente". En ese sentido, señala que "existe la tecnología
necesaria para minimizar los riesgos", y que "es necesario garantizar
que la industria actúa responsablemente conforme a las mejores
prácticas, lo cual solo puede lograrse mediante una regulación
estricta".
Sobre el uso de aditivos químicos señala que representan el 0,5%
del fluido de perforación y que son "ampliamente utilizados en otras
industrias, se encuentran en muchos productos para el hogar y no
presentan una elevada toxicidad". El agua que retorna una vez fracturado
el sondeo no es apta para su vertido directo.
El riesgo de contaminación de acuíferos por posibles filtraciones
del fluido de perforación es según Industria la preocupación "más
importante y ampliamente difundida entre la sociedad y, sin embargo, la
menos relevante según la Agencia Internacional de la Energía". Industria
enumera en su informe las alternativas para la gestión del agua de
retorno y para evitar el riesgo de contaminación.
Aunque el 'fracking' requiere un volumen de agua "muy
considerable", del orden de los 20.000 metros cúbicos por sondeo, el
Ministerio señala que la industria agrícola emplea entre 80 y 12.000
veces más agua y la del carbón entre dos y cuatro veces más por unidad
de energía producida. Añade que una parte importante del agua inyectada
se recupera y puede ser empleado en las siguientes fracturaciones, y
subraya que "es necesario garantizar una política de gestión del agua
estricta y responsable".
Sobre la utilización intensiva del suelo, Industria afirma que
tras aproximadamente un año y medio de intensa actividad de perforación,
"lo único que queda es el cabezal de pozo que perturba el mínimo el
escenario natural". Por otro lado, señala que la fractura hidraúlica
produce movimientos sísmicos que "habitualmente son demasiado pequeños
siquiera como para ser percibidos", y alude a un estudio de expertos
independientes que recomienda la realización de estudios de sismicidad
de base de la región antes de comenzar con cualquier actividad.
En el lado de las ventajas, se destacan los beneficios económicos
derivados de las inversiones asociadas a los proyectos de 'fracking',
"inversiones en infraestructuras, creación de empleo e ingresos públicos
derivados de las tasas y cánones". Industria pone como ejemplo Estados
Unidos, donde las fuentes no convencionales de gas han pasado en menos
de dos décadas de ser marginales a producir aproximadamente el 60% del
gas, haciendo que el país esté pasando "de ser importador neto a ser
autosuficiente y un potencial exportador".
Ello ha tenido un impacto "radical" en el precio del gas natural,
que es "inferior en un 70% al precio pagado en Europa". No obstante, el
gas no convencional también genera polémica en EEUU, donde en algunos
estados se ha puesto freno a los permisos hasta que se concluya el
estudio de los impactos asociados.
El informe recuerda que tampoco hay una postura "unánime" en
Europa, donde coexisten países que han prohibido el 'fracking' o han
establecido una moratoria, como Francia, junto con otros claramente
favorables a su desarrollo, como Reino Unido o Polonia.
En España, "hay mucha incertidumbre" tanto sobre el volumen de
reservas de hidrocarburos no convencionales como sobre su posible
recuperación del subsuelo y su viabilidad económica. El departamento de
Soria señala que el desarrollo de los recursos no convencionales de gas
natural "no parece suficiente" para que España sea autosuficiente desde
el punto de vista energético, si bien "puede contribuir notablemente a
aliviar la balanza energética e incrementar la seguridad de suministro,
reduciendo la dependencia de otros países".
Al mismo tiempo, reconoce que "la falta de experiencia en Europa",
su mayor densidad demográfica en relación con EEUU y la complejidad
normativa se traducen en un mayor coste de producción, y "no parece
esperable" un descenso del precio del gas "tan radical" como en Estados
Unidos, sino más bien "una contención del precio o un ligero descenso".
Industria añade que desde el Gobierno central se ha tratado de
"dar respuesta" a la "intensa presión y preocupación social" en torno a
la fractura hidráulica incluyendo en la normativa básica la exigencia de
someter los proyectos a evaluación de impacto ambiental.
Como conclusión, la Dirección General de Política Energética y
Minas considera "justificado" permitir el desarrollo de este tipo de
proyectos "dada la importancia estratégica del suministro energético,
tanto a nivel nacional en términos de seguridad de suministro y de
balanza de pagos, como a nivel regional y local, por su potencial para
generar actividad económica complementaria y compatible con el tejido
existente", siempre que "se garantice el estricto cumplimiento de las
medidas de seguridad y protección medioambiental vigentes".
Por todo ello, no aprecia "razones técnicas objetivas" que
justifiquen una prohibición "general a priori" del fracking como la
establecida por Cantabria en la ley que el Estado ha recurrido ante el
Tribunal Constitucional. Una prohibición que posteriormente también han
aprobado otras regiones como La Rioja, Navarra y Cataluña.
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