MURCIA.- A Mariano Rajoy no le agrada la idea de tener un presidente imputado en la Región de Murcia. Y es por eso, que Génova 13 hace días que demandó de Valcárcel otras alternativas a las hechas públicas. Parece que el Presidente recogió el guante y tranquilizó al 'aparato' asegurando y probando que existía un 'mirlo blanco' en la recámara para llegado el caso. Desde ese mismo instante, la figura de Pedro Antonio Sánchez pasó a un plano irrelevante y superado en Madrid, días antes incluso de conocerse la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM de darle cancha al recurso de la Fiscalía frente al auto de sobreseimiento del magistrado Pérez-Templado.
Pedro Antonio Sánchez sufrió ayer un severo varapalo judicial cuando la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), presidida por el magistrado Manuel Abadía, hizo público por la mañana un auto judicial de 92 folios en el que admite, parcialmente, el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra el anterior auto dictado por el instructor Julián Pérez-Templado el pasado 3 de diciembre en el que decretaba el sobreseimiento libre de las acusaciones de prevaricación administrativa y cohecho que pesaban sobre Pedro Antonio Sánchez, por supuestos delitos cometidos en su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras, entre los años 2003 y 2013.
El nuevo auto judicial viene a confirmar el archivo de las actuaciones en lo que se refiere a la acusación de prevaricación por la adjudicación de los contratos de redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, reabre la investigación por un supuesto delito de cohecho –al que suma prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos– por la compra del dúplex donde el ahora consejero de Educación reside en Puerto Lumbreras. Así, el TSJ ha ordenado un rastreo de las cuentas bancarias de Sánchez en busca de pruebas que demuestren que pagó 47.821,63 euros del precio de adquisición de la vivienda que el fiscal considera que no están acreditados.
El auto de reapertura del caso se convierte así en una losa para las aspiraciones sucesorias que pudiera tener Pedro Antonio Sánchez. La inminencia de la salida de Ramón Luis Valcárcel de San Esteban –tiene que dimitir antes del 4 de abril si quiere ir en la candidatura del PP a las elecciones al Parlamento Europeo– hace que los órganos de dirección del PP tengan que resolver el proceso sucesorio en las próximas semanas. La investigación judicial y la lentitud de estos procesos juegan en contra del consejero de Educación, Universidades y Empleo, recuerda 'La Opinión'.
El auto de los magistrados del TSJ (además de Manuel Abadía, están en la Sala Enrique Quiñonero y Joaquín Moreno), que se reunieron el pasado viernes para analizar los recursos de apelación de la Fiscalía y la acusación particular (el PSRM-PSOE de Puerto Lumbreras), considera que está «totalmente justificada la petición del fiscal» de practicar más diligencias, «porque el instructor ha efectuado dos requerimientos de pago a don Pedro Antonio Sánchez para que justifique pagos y no lo ha podido acreditar».
El documento judicial narra que Sánchez aprobó en diciembre de 2004, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, un trámite urbanístico favorable a la mercantil Promociones Gázquez S. L., la misma a la que adquirió su vivienda, que luego fue rechazado por la Comunidad Autónoma, que solicitó al Ayuntamiento, según el auto, que dejara sin efecto ese estudio de detalle por considerarlo contrario a la ley.
Indica el auto que Sánchez no solo hizo caso omiso a esta advertencia de la Administración regional, sino que, basándose en ese instrumento de gestión urbanística (el estudio de detalle ilegal), otorgó el 4 de octubre de 2005 una licencia de obras a la promotora para construir 14 dúplex en la calle Gitanos, de Puerto Lumbreras. Uno de esos chalés, dice la causa, fue adquirido por el propio alcalde el 21 de octubre de 2005 (17 días después), según consta en una escritura notarial de compraventa, aunque Sánchez siempre ha señalado que el contrato privado para la adquisición de la casa fue suscrito el 18 de mayo de 2002, antes de ser alcalde. El auto del TSJ de ayer señala, sin embargo, que dicho documento privado «no consta en las actuaciones».
Lo que tiene que justificar ahora el consejero de Educación, Universidades y Empleo es que realizó el pago de 47.821 de los 111.737 euros que costó en total su dúplex de la calle Gitanos, de Puerto Lumbreras –30.000 de la entrada, 10.000 de unas mejores en la cocina y 7.821 de IVA.
Es la única manera que tiene para convencer al TSJ de que las decisiones urbanísticas que adoptó en relación con la constructora Gázquez no estuvieron influenciadas por ningún tipo de beneficio en la compra de su vivienda. Es la forma de demostrar que no cometió cohecho.
La Fiscalía Anticorrupción tiene abierta otra investigación, que afecta también al consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, también en relación a su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras (2003-2013). El ministerio público abrió diligencias informativas a raíz de una denuncia del PSRM-PSOE de Puerto Lumbreras sobre supuestas irregularidades en las obras del teatro auditorio de la localidad, construido por el arquitecto Martín Lejárraga. A Sánchez le acusan de firmar la recepción de las obras cuando no estaban acabadas. El Ayuntamiento ha presentado documentación defendiendo la legalidad de las actuaciones, recuerda también ahora 'La Opinión'.
Pedro Antonio Sánchez sufrió ayer un severo varapalo judicial cuando la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), presidida por el magistrado Manuel Abadía, hizo público por la mañana un auto judicial de 92 folios en el que admite, parcialmente, el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra el anterior auto dictado por el instructor Julián Pérez-Templado el pasado 3 de diciembre en el que decretaba el sobreseimiento libre de las acusaciones de prevaricación administrativa y cohecho que pesaban sobre Pedro Antonio Sánchez, por supuestos delitos cometidos en su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras, entre los años 2003 y 2013.
El nuevo auto judicial viene a confirmar el archivo de las actuaciones en lo que se refiere a la acusación de prevaricación por la adjudicación de los contratos de redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, reabre la investigación por un supuesto delito de cohecho –al que suma prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos– por la compra del dúplex donde el ahora consejero de Educación reside en Puerto Lumbreras. Así, el TSJ ha ordenado un rastreo de las cuentas bancarias de Sánchez en busca de pruebas que demuestren que pagó 47.821,63 euros del precio de adquisición de la vivienda que el fiscal considera que no están acreditados.
El auto de reapertura del caso se convierte así en una losa para las aspiraciones sucesorias que pudiera tener Pedro Antonio Sánchez. La inminencia de la salida de Ramón Luis Valcárcel de San Esteban –tiene que dimitir antes del 4 de abril si quiere ir en la candidatura del PP a las elecciones al Parlamento Europeo– hace que los órganos de dirección del PP tengan que resolver el proceso sucesorio en las próximas semanas. La investigación judicial y la lentitud de estos procesos juegan en contra del consejero de Educación, Universidades y Empleo, recuerda 'La Opinión'.
El auto de los magistrados del TSJ (además de Manuel Abadía, están en la Sala Enrique Quiñonero y Joaquín Moreno), que se reunieron el pasado viernes para analizar los recursos de apelación de la Fiscalía y la acusación particular (el PSRM-PSOE de Puerto Lumbreras), considera que está «totalmente justificada la petición del fiscal» de practicar más diligencias, «porque el instructor ha efectuado dos requerimientos de pago a don Pedro Antonio Sánchez para que justifique pagos y no lo ha podido acreditar».
El documento judicial narra que Sánchez aprobó en diciembre de 2004, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, un trámite urbanístico favorable a la mercantil Promociones Gázquez S. L., la misma a la que adquirió su vivienda, que luego fue rechazado por la Comunidad Autónoma, que solicitó al Ayuntamiento, según el auto, que dejara sin efecto ese estudio de detalle por considerarlo contrario a la ley.
Indica el auto que Sánchez no solo hizo caso omiso a esta advertencia de la Administración regional, sino que, basándose en ese instrumento de gestión urbanística (el estudio de detalle ilegal), otorgó el 4 de octubre de 2005 una licencia de obras a la promotora para construir 14 dúplex en la calle Gitanos, de Puerto Lumbreras. Uno de esos chalés, dice la causa, fue adquirido por el propio alcalde el 21 de octubre de 2005 (17 días después), según consta en una escritura notarial de compraventa, aunque Sánchez siempre ha señalado que el contrato privado para la adquisición de la casa fue suscrito el 18 de mayo de 2002, antes de ser alcalde. El auto del TSJ de ayer señala, sin embargo, que dicho documento privado «no consta en las actuaciones».
Lo que tiene que justificar ahora el consejero de Educación, Universidades y Empleo es que realizó el pago de 47.821 de los 111.737 euros que costó en total su dúplex de la calle Gitanos, de Puerto Lumbreras –30.000 de la entrada, 10.000 de unas mejores en la cocina y 7.821 de IVA.
Es la única manera que tiene para convencer al TSJ de que las decisiones urbanísticas que adoptó en relación con la constructora Gázquez no estuvieron influenciadas por ningún tipo de beneficio en la compra de su vivienda. Es la forma de demostrar que no cometió cohecho.
La Fiscalía Anticorrupción tiene abierta otra investigación, que afecta también al consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, también en relación a su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras (2003-2013). El ministerio público abrió diligencias informativas a raíz de una denuncia del PSRM-PSOE de Puerto Lumbreras sobre supuestas irregularidades en las obras del teatro auditorio de la localidad, construido por el arquitecto Martín Lejárraga. A Sánchez le acusan de firmar la recepción de las obras cuando no estaban acabadas. El Ayuntamiento ha presentado documentación defendiendo la legalidad de las actuaciones, recuerda también ahora 'La Opinión'.
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