El TSJ de Murcia ordena ahora que se investigue a Pedro Antonio Sánchez por un supuesto delito de cohecho

MURCIA.- La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha estimado otro recurso de apelación que presentó el Fiscal y la Acusación Popular respecto a la investigación de cuentas corrientes,  por si hubiera existido un supuesto delito de cohecho en la compra de su vivienda, que se abrió contra el actual consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.

   Así, ordena averiguar y hacer constar la perpetración de los supuestos delitos de prevaricación, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos y lo que se pueda derivar de ello, según el auto dictado por la Sala. La resolución judicial es firme y frente a ella no cabe recurso alguno.

   Por otro lado, confirma el auto que dictó el magistrado-instructor Julián Pérez Templado, el pasado 3 de diciembre, en el que se decretaba el sobreseimiento libre por el supuesto delito de prevaricación con respecto a la contratación administrativa realizada en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de Pedro Antonio Sánchez, C.G.V, F.R.M, I.G.C., L.B.R., J.A.R.C., G.R.C., G.S.C., J.G.L.G., R.G.C y F.S.G..

La resolución de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, notificada hoy, estima así la petición hecha por el fiscal y la acción popular, que, en su recurso, señalan que el sobreseimiento del delito de cohecho, acordado por el magistrado instructor, era precipitado.

El auto señala que la investigación de las cuentas corrientes "es necesaria, pertinente y útil" para el esclarecimiento de los hechos, ya que, como sostienen las acusaciones, no se ha acreditado la entrega por parte de Sánchez de los 30.000 euros que asegura haber dado por la compra de su casa.

Sobre este particular, la Sala señala que aunque el magistrado instructor requirió la justificación oportuna al exalcalde de Puerto Lumbreras, éste no llegó a aportarla, por lo que se hace necesario proceder a la práctica de la diligencia que se ordena.

 Al tener noticia de lo anterior, el consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, ha anunciado que ha dado instrucciones a su letrado para que presente ante los órganos judiciales correspondientes "todos los documentos que permitan eliminar cualquier elemento de duda que pueda existir y probar objetivamente que todas las decisiones adoptadas desde mis responsabilidades al frente del Gobierno municipal de Puerto Lumbreras cumplieron con la más estricta legalidad vigente".

   Ante el acuerdo adoptado por la Sala de lo Civil y Penal, y "desde el máximo respeto al trabajo y las decisiones de la Justicia", Sánchez ha manifestado que seguirá "colaborando, como siempre he hecho, para que todas las actuaciones referidas procesales se sigan aclarando con la máxima celeridad, a fin de que el procedimiento pueda avanzar y concluir, dejando escrupulosamente probada la legalidad de todos los hechos a los que se alude y que tienen su origen en denuncias presentadas por el Partido Socialista de Puerto Lumbreras".

   "Continuaré trabajando para el esclarecimiento de todo, aportando cuanto antes toda la documentación que sea necesaria para ello", según ha informado Sánchez en un comunicado.
El consejero ha afirmado que las decisiones adoptadas durante su mandado como alcalde de Puerto Lumbreras se cumplieron en "la más estricta legalidad", y ha mostrado su "respeto y colaboración" a la justicia para que el proceso abierto contra él se resuelva a "la máxima celeridad" y "dejando probada" su inocencia.