MURCIA.- La exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Megía, y el ex consejero y actual
presidente del Casino, Juan Antonio Megías, imputados
ambos en el caso Umbra, sobre corrupción urbanística, han defendido este
viernes la legalidad de su actuación al declarar como imputados en el
Juzgado que investiga los hechos.
La primera ha sido la exconcejal Megía, que estaba al frente del urbanismo
municipal cuando la corporación aprobó el convenio Nueva Condomina para la
construcción de un nuevo campo de fútbol en la expansión norte de
Murcia.
Esta imputada ha asegurado que siempre actuó dentro de la
legalidad y que atendía a lo que le decían los técnicos con que cuenta
el Ayuntamiento, que ha asegurado que son muy competentes, según han
indicado luego fuentes judiciales.
Igualmente, ha negado, en
contra de lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que el convenio
contemplara una edificabilidad superior a la permitida, en beneficio de
sus promotores.
Por otra parte, Pilar Megía se ha referido a una
sentencia dictada en 2013 por la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia, asegurando que la misma
establece que los datos de superficie y edificabilidad del plan parcial
"se ajustan a la legalidad".
Durante el interrogatorio ha añadido
que esa valoración coincide con un informe de los Servicios Técnicos de
la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma, que llega a
la misma conclusión.
Por su parte, el presidente del Casino de
Murcia ha defendido su actuación en el convenio firmado para la
rehabilitación del edificio sede del mismo.
Según Megías, el
convenio y su desarrollo se ajustó a la legalidad, para destacar, en
otro momento, el resultado de la rehabilitación del inmueble, uno de los
que más visitas recibe cada año.
La jornada ha contado
igualmente con la declaración, también como imputado, de José Fermín
Serrano, responsable de una galería de arte La Aurora al que se
atribuyen los presuntos delitos de cohecho y falsificación y de la supuesta posible emisión
de facturas falsas para blanquear, presuntamente, dádivas entregadas a
su cuñado, el exconcejal de Urbanismo, y también imputado, Fernando
Berberena Loperena.
Serrano, a través de su letrado, Raúl Pardo-Geijo
Ruiz, ha aportado diversos documentos que, asegura, justifican las
facturas.
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