MURCIA.- La responsable regional de UPyD, Fuensanta
Máximo, ha reclamado "reformas urgentes" para acercar la Asamblea
Regional a los ciudadanos y dotarla de "mayor transparencia".
Máximo ha declarado que "el informe presentado por Transparencia
Internacional, en el que la Asamblea Regional es la menos transparente
de todos los parlamentos autonómicos, viene a dar la razón a las
exigencias que UPyD viene haciendo desde hace más de cuatro años".
En este sentido, ha señalado que en la Región
"resulta imprescindible la adopción de medidas ante una de las
principales asignaturas pendientes en la política regional: la
regeneración democrática".
En esa misma línea, ha subrayado que "la desafección ciudadana
hacia la política es un problema grave para la democracia que debe
tratarse con urgencia; la cercanía y validez de las instituciones, es
fundamental".
Para la responsable regional de UPyD, entre esas medidas "es
prioritario hacer reformas que permitan que los ciudadanos disfruten de
un Parlamento Autonómico accesible, en el que se perciba que allí se
discuten sus auténticos problemas de una forma transparente".
De este modo, ha pedido una página web más funcional y la
retransmisión por televisión, en la propia web, de toda la actividad
parlamentaria de plenos y comisiones, tal y como se hace en la web del
Congreso de los Diputados.
Además, Fuensanta Máximo ha recordado que UPyD "ha registrado
durante los últimos cuatro años en la Asamblea Regional, y entregado a
los tres grupos parlamentarios, sus propuestas para la reforma de la ley
Electoral regional, así como las medidas que propone la formación
magenta para la futura ley regional de Transparencia".
Para la reforma de la ley Electoral, UPyD propone "una
circunscripción única, listas desbloqueadas y rebajar el umbral mínimo
para acceder a escaño al 3 por ciento".
Y en cuanto a la ley regional de Transparencia, el objetivo
fundamental debe ser "promover el control de todos los organismos
públicos, buscando criterios de objetividad, imparcialidad y atención al
interés general, promoviendo la transparencia de las administraciones y
permitiendo a los ciudadanos conocer y valorar sus decisiones".
Como explica Máximo, la ley de Transparencia regional y de Acceso a
la Información Pública, debe aplicarse a "todos los organismos
autónomos, entidades, empresas sociedades, institutos, fundaciones
vinculados a ella o sostenidos con fondos públicos, así como
organizaciones no gubernamentales y partidos políticos y tiene que ser
aplicable a todo el personal, ya sea funcionario o político".
El objetivo debe ser que "cualquier ciudadano tenga acceso a toda
la documentación de las administraciones públicas, incluidas las cuentas
financieras".
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