Los tres magistrados integrantes de
la Sala han resuelto el recurso, aunque su decisión no se sabrá oficialmente
hasta la próxima semana, una vez que hayan conocido el texto definitivo,
de cuya redacción se ocupa el ponente, Enrique Quiñonero (en la imagen), han indicado hoy fuentes judiciales.
En su recurso, la fiscalía
Anticorrupción de la Región de Murcia calificó de "precipitado" el
sobreseimiento acordado por el instructor de la causa, el magistrado
Julián Pérez-Templado.
No obstante lo anterior, se ha podido saber en otras fuentes que, al menos, los magistrados Manuel Abadía y Quiñonero habrían rechazado el recurso del fiscal y que Joaquín Moreno, el tercer magistrado, no es seguro que haya votado a favor, por lo que todo parece indicar que habrá un nuevo sobreseimiento convenientemente razonado por el magistrado-ponente y que el ex alcalde de Puerto Lumbreras verá así expedito el camino judicial hacia la silla que le espera en el Palacio de San Esteban si así lo decide dentro de muy poco el PPRM.
Una larga historia y algo nuevo
Una larga historia y algo nuevo
El 'caso PGOU' se inició en 2007, a partir de una denuncia
del PSOE de Puerto Lumbreras, que acusó al entonces alcalde Sánchez de
haber contratado a unos asesores externos al Consistorio para redactar
el Plan General de Ordenación Urbana, sin haber sacado a concurso ese
trabajo y camuflándolo como colaboraciones puntuales. A ello se sumaban
unas imputaciones referidas a la adquisición de un dúplex por parte del
entonces primer edil, a quien se atribuía no haber abonado parte del
precio -unos 30.000 euros- al constructor. Algo tras lo cual, se
apuntaba, podía ocultarse un supuesto cohecho, según recuerda 'La Verdad'.
La juez de Lorca encargada de investigar el asunto acabó, a
finales de 2012, enviando las diligencias al TSJ por apreciar indicios
de delito contra Pedro Antonio Sánchez. El hecho de que éste sea
diputado de la Asamblea Regional y disfrute por ello de un fuero
especial justificó que fuera el más alto órgano jurisdiccional de la
Región el que se encargara de decidir sobre el caso.
En enero de 2013, Sánchez compareció como imputado ante el
instructor de la Sala de lo Civil y de lo Penal, Julián Pérez-Templado,
quien en diciembre pasado acabó archivando el asunto al no apreciar
indicios de delito. En una dura resolución, el magistrado lamentaba
incluso que se hubiera intentado utilizar a los juzgados como una
prolongación, no aceptable, de la vida política. Incluso iba más allá al
lamentar «el empleo del Derecho Penal para montar quiméricas
acusaciones, en asuntos que han de tener su solución en la vía
jurisdiccional contencioso-administrativa».
Lejos de dar por buenos los argumentos del instructor, la
Fiscalía Superior recurrió el archivo e insistió en que existen sobrados
datos para seguir investigando a Sánchez por prevaricación y cohecho.
En ese punto se encuentra la causa. Hoy, los tres
magistrados que componen la Sala han decidido si asumen la tesis del
fiscal, y ordenan que el alto cargo siga imputado e investigado, o si
dan carpetazo definitivo al asunto. Las opciones de que Sánchez pueda
ver cumplidos sus deseos de reemplazar a Valcárcel dependen, en buena
medida, de ese auto.
Fuentes próximas al TSJ han explicado que previsiblemente, el ponente necesitará unos días para dar forma
a la resolución, que luego pasará a sus dos compañeros para que la
supervisen y para que, de compartir éstos la redacción, la firmen. Un
proceso que puede llevar una semana.
Una hipotética exculpación de Sánchez no significará, por
desgracia para él, que todos sus problemas con la Justicia hayan
acabado. Al menos por ahora. La Fiscalía Superior investiga ya una nueva
denuncia del PSOE sobre el teatro-auditorio de Puerto Lumbreras.
El
Ayuntamiento adjudicó en 2008 ese proyecto a la empresa ECISA. El
edificio fue recepcionado por el Consistorio, presidido por Pedro Antonio
Sánchez, en septiembre de 2011, a pesar, presuntamente, de que las obras
no estaban terminadas. Según la denuncia, al edificio le faltaban -y
parece que siguen faltándole- los cerramientos exteriores e interiores,
puertas, suelos, alicatados, baños, obras de urbanización exterior... e
incluso toda la instalación eléctrica y de aire acondicionado. En el
acta de recepción del inmueble se habría hecho constar que «se recibe la
obra en buen estado».
La denuncia ha sido interpuesta inicialmente por presuntos
delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de
fondos públicos y estafa. La investigación está en un momento muy
incipiente, pues por el momento el fiscal anticorrupción, Juan Pablo
Lozano, se ha limitado a requerir al Ayuntamiento para que le remita
todo el expediente sobre ese proyecto.
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