jueves, 27 de febrero de 2014

Lorca ya suma tres juicios perdidos por incumplimiento de convenios urbanísticos

LORCA.- El Ayuntamiento de Lorca ya suma tres sentencias judiciales condenatorias que le obligan a devolver a promotores urbanísticos el dinero que adelantaron a cuenta en el año 2005 a la firma de convenios urbanísticos para construir miles de viviendas que no han llegado a ejecutarse.

El último varapalo judicial es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que condena al consistorio a devolver los 512.000 euros que recibió como anticipo a la firma de un convenio con promotores privados para construir 3.348 viviendas en la pedanía de Almendricos en 186 hectáreas, han confirmado fuentes municipales.
Como en los casos anteriores, otros dos convenios para construir residenciales en las pedanías de Coy, Avilés y Zarcilla de Ramos, los jueces obligan al consistorio a devolver el dinero porque el desarrollo del convenio no salió adelante en los tres años siguientes a su firma.
Estos tres convenios forman parte de un paquete de 17 que fueron suscritos en un pleno municipal en 2005 para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para desarrollo urbano en el que construir 87.000 viviendas y de los cuales ninguno llegó a desarrollarse.
Los convenios fueron aprobados en solitario por el PSOE, que entonces gobernaba con mayoría absoluta, y en el pleno el PP se ausentó de la votación e IU-V votó en contra.
Ahora los convenios han vuelto a la actualidad después de que los promotores urbanísticos hayan empezado a reclamar por la vía judicial al ayuntamiento el dinero que adelantaron como fianza (un 40% del total) a la firma del acuerdo.
El ayuntamiento recibió unos 13 millones de euros a la firma de aquellos acuerdos, pero incumplió una cláusula que le obligaba a resolver todos los trámites urbanísticos en un plazo de tres años y ahora se enfrenta al pago de aquellas cantidades, más la suma de los intereses y de las costas judiciales.
El paquete de convenios está siendo investigado de oficio por la Fiscalía de la Región de Murcia, que en diciembre de 2013 abrió "diligencias de investigación penal" en torno a las posibles irregularidades de aquellos acuerdos.

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