MURCIA.- El consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha
confirmado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) notificó este
lunes a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma la petición que
formula la concesionaria Aeromur, solicitando "que se suspenda la
decisión del Consejo de Gobierno con relación a la resolución del
contrato de concesión y la pieza de medidas cautelares en la que se hace
una interpretación del contenido de la orden de suspensión".
El Gobierno regional cuenta con cinco días para responder y Campos
ha avanzado que la respuesta "puede ser no oponernos a la solicitud,
oponernos o, en su caso, mantener una posición intermedia entre ambas",
pero ha aclarado que esta decisión "queda al arbitrio y a la
discrecionalidad jurídica y técnica de los servicios jurídicos, a los
que en ningún caso se les indica la dirección que deben de seguir".
Por lo tanto, Campos ha señalado que está a la espera de que el
director de los servicios jurídicos emita el correspondiente informe "en
coherencia con el planteamiento general y la realidad más inmediata de
esos contactos, para posibilitar que los ciudadanos de la Región puedan
utilizar nuestro aeropuerto internacional a partir del 18 de
septiembre".
Este sería "el deseo" del Gobierno regional, pero ha insistido en
que se materializará "siempre que concurran las premisas que ya hemos
anunciado en más de una ocasión" y que pasan por el hecho de que
Bruselas "considere que el préstamo participativo no vulnera la
legislación europea o que es compatible con la misma".
Esto permitiría que la concesionaria Aeromur obtenga 182 millones
para liberar a la Comunidad del aval y que, finalmente "se abra el
aeropuerto en la fecha prevista". Si estos condicionantes "concurren",
Campos ha señalado que la Comunidad "está abierta a estudiar todo tipo
de posibilidades y soluciones que no son extrajurídicas, sino de técnica
jurídica".
Y es que ha recordado que "la propia ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa establece otros modos de terminar el proceso,
entre los cuales está la transacción y el acuerdo". Todo ello, ha
puntualizado, "sin hablar de la jurisdicción civil y de las facultades
de resolución que, en todo caso, son potestativas de las partes".
Por tanto, afirma que "queda salvaguardada la posición del Consejo
de Gobierno en orden a velar y tutelar el interés general, a que se nos
liberen los 182 millones y a que se abra el aeropuerto, ya que el
préstamo participativo es un préstamo".
Ha explicado que el prestamista sería la Comunidad, y tendría "dos
tramos de interés fijo y variable". Asimismo, "se cubre el déficit de
caja o se concede una ayuda al funcionamiento por tramos anuales, desde
2014 a 2023 y, a partir de 2024, se produce el reintegro de la cantidad
prestada, con sus intereses".
Por tanto, ha añadido que si el préstamo fuera de 170 ó 175
millones de euros, la Comunidad recobraría a su finalización el dinero,
cobrando "un total de unos 195 millones, es decir, el montante principal
más los intereses".
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