viernes, 7 de febrero de 2014

El PSRM pide a Valcárcel que informe sobre la «hoja de ruta» de Corvera

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista registró una solicitud de comparecencia del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "para que informe sobre la coordinación ejercida por él sobre la acción del Gobierno regional en relación con las gestiones realizadas por diferentes consejeros en el asunto del aeropuerto de Corvera", una labor que la tiene que ejercer el presidente "porque, según la ley, es indelegable".

Pues, según indicó la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, "alguien debería explicar cuál es la hoja de ruta", así como "asumir responsabilidades por lo ocurrido hasta ahora" porque más que un gobierno, aquí lo que se aprecia "es una banda en desbandada", la realidad es que "ha habido improvisación y mala gestión, fruto de la descoordinación".
En el peor momento de la Región y "cuando más necesitamos liderazgo", no tenemos "ni Gobierno, ni coordinación ni hoja de ruta ni responsabilidad", de hecho, ha asegurado, "tenemos 3 consejeros +1 implicados: Pedro Alberto Cruz, Manuel Campos, Antonio Sevilla y Juan Bernal, que de una u otra manera han intervenido en las negociaciones habidas antes y después de la rescisión del contrato".
Una orquesta, manifestó, "que está desafinando porque cada uno toca por su cuenta" mientras su director "está viajando por el mundo buscando el apoyo de Rajoy para dirigir otra orquesta en Bruselas, porque ésta le da pereza". 
"Nos deja una herencia envenenada", hizo hincapié la socialista, tras subrayar que todo el proceso "tiene que ir vestido jurídicamente, dentro de la más estricta legalidad".
Acompañada por el viceportavoz del PSOE en la Asamblea, Joaquín López Pagán, la socialista recordó que el aeropuerto "no nos iba a costar nada y empezó costándonos unos 65 millones de euros por las obras de acceso", en este momento "y como consecuencia de la rescisión del contrato", enfatizó, "estamos pagando ocho millones al año de intereses --durante los tres años de carencia-- de un préstamo de 182 millones, que estaba pagando la concesionaria y ahora pagamos todos los ciudadanos por una decisión irresponsable del Gobierno regional" en lugar de invertirlos en educación o sanidad.
Y es que, criticó Retegui en rueda de prensa, el Ejecutivo murciano "no midió las consecuencias de la rescisión del contrato" que "traería más deuda y empeoraría el déficit de la Comunidad", así desde el PSOE "dijimos que más valía un mal acuerdo que un pleito porque el interés general tenía que plevalecer" pero, lamentó, "el PP optó por la segunda opción".
Con la rescisión del contrato, afirmó, el Gobierno regional "se cerró más la puerta y cada paso que da estrecha más el pasillo que le conduce a la salida" tras lo que se preguntó "si quieren o no llegar a un acuerdo, cuál es la hoja de ruta, qué pasa si Bruselas dice no o cuál es el escenario que tenemos que pagar todos los ciudadanos".
Ahora mismo, "Bernal va por un lado, Campos y Sevilla y alguno más por otro, Valcárcel ganando tiempo para irse y los ciudadanos pagando el desaguisado" y según Retegui, "todo esto nos lo podríamos haber evitado". Por lo que, en su opinión, el aeropuerto no estará abierto en septiembre, "el procedimiento es lento y largo, no es sencillo ni se va a acabar pasado mañana".
Sobre el no pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia a los dos escritos presentados por el letrado de la Comunidad Autónoma en relación con el aeropuerto, López Pagán calificó de "chapuza" las actuaciones procedimentales desde el punto de vista jurídico por parte de la Comunidad, "además de una chapuza desde el punto de vista del interés general".
En definitiva, "estamos tranquilos porque esto se está supervisando, así mantenemos nuestro voto de confianza sobre las resoluciones", ahora hay que "esperar al siguiente paso, que será que la empresa recurrente se pronuncie y la Sala decida".
 "Estaremos pendientes y vigilantes de que se cumpla la ley y no se defraude el interés general", finalizó.

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