MADRID/MURCIA.- El Consejo de Ministros ha aprobado este
viernes el plan hidrológico de la parte española, y no francesa o andorrana, de la cuenca del Ebro,
que reserva un caudal ecológico de 3.000 hectómetros cúbicos para el
Delta del Ebro y que contempla inversiones de 2.500 millones de euros.
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de
Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el
plan establece caudales mínimos, "que se han definido tras un amplio
proceso de participación" y en base a criterios científico técnicos, son
coherentes con la realidad física del río y satisfacen todas las
exigencias de la normativa de planificación. Concretamente, para el
Delta del Ebro se cifran en más de 3.000 hectómetros cúbicos de agua.
Este caudal ecológico, según la vicepresidenta, garantiza las
necesidades del Delta del Ebro y son factibles "gracias" a la existencia
del embalse de Menquinenza.
Además, ha indicado que con la aprobación de este plan son ya 14
los aprobados por en esta legislatura y ha señalado que próximamente se
aprobarán los de las cuencas del Tajo y del Segura, que ya están
informados favorablemente por el Consejo Nacional del Agua y se avanzará
en la tramitación del plan del Júcar.
Respecto al del Ebro, ha subrayado que se trataba de "uno de los
más complejos" por el gran número de comunidades autónomas que atraviesa
y porque también afecta a Francia y Andorra.
Sáez de Santamaría ha dicho que este plan es un elemento básico de
gestión de esta demarcación hidrográfica cuyos objetivos son garantizar
el buen estado de las aguas y lograr una adecuada protección del
dominio público hidráulico y que establece las pautas para atender las
demandas de agua respetando el equilibrio y la armonización regional y
sectorial.
Asimismo, ha precisado que el plan del Ebro contempla más de 2.500
millones de euros de inversiones a financiar por las distintas
administraciones. De esta cantidad, según ha desglosado, se destinarán
1.100 millones al cumplimiento de los objetivos ambientales; otros
"casi" 1.100 millones de euros a atender a las demandas, especialmente
de construcción de nuevas infraestructuras de regulación y la mejora de
regadíos, 150 millones de euros a la mejora del conocimiento y la
gobernanza y otros 175 para mitigar los efectos de los fenómenos
meteorológicos extremos, "bastante frecuentes".
Las medidas incluidas en el plan hidrológico aspiran a incrementar
de un 77 a un 86,5 por ciento el número de masas de agua superficial
que estarán en buen estado en 2015.
El plan de cuenca recibió el informe favorable del Consejo
Nacional del Agua el pasado 29 de julio de 2013 (con 72 votos a favor y 9
en contra), tras su aprobación por el Consejo del Agua de la
Demarcación y el pertinente proceso de participación pública. También ha
contado con la aprobación y el informe positivo de los diferentes
Ministerios afectados.
Al mismo tiempo, en paralelo a la conclusión de este primer ciclo
de planificación hidrológica, el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, ha iniciado el segundo ciclo, que concluirá en 2015
para acompasar el ciclo de planificación de España con el del resto de
los países miembros de la Unión Europea.
Ballesta defiende los 'bancos de agua'
El portavoz del Gobierno regional de Murcia, José Ballesta, ha lamentado que el recurso de inconstitucionalidad que las Cortes de Aragón van a presentar contra la Ley de Evaluación Ambiental "afectaría a la ley que libera los bancos de agua", unos mecanismos que ha defendido como unos de los "más solidarios y más útiles que se han puesto en marcha".
Ballesta ha respondido de esta manera al ser preguntados por el recurso de inconstitucionalidad que los cinco Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón votaron a favor, a propuesta de la Chunta Aragonesista (CHA) y la Mesa y Junta de Portavoces.
El portavoz del Gobierno murciano ha dicho no entender "cuál es el problema o el recurso que hay que poner a un mecanismo de estas características", que consiste en "aprovechar en un lugar el agua que no se va a utilizar en otro lugar y, además, se paga por ella".
"No se trata de dar un agua gratis que luego no se va a utilizar", ha aclarado Ballesta, sino que el criterio a seguir es que quien cede el agua "utilice el agua que necesite y que, posteriormente, de la que le sobre, yo le pido que me dé una parte de ella y, además, se la pago".
A su juicio, es un mecanismo "no solo solidario, sino justo, equitativo y de los más limpios que han podido establecerse". Además, ha defendido que este tipo de mecanismos "vertebra los territorios y nos hace sentirnos como nación, miembros de un mismo Estado, y refuerza la autoridad del Estado en la gestión del agua en España".
En su opinión, es una actuación más dentro de las políticas de Estado, y ha considerado que "se deben de utilizar todos los recursos hídricos disponibles, por supuesto, priorizando el uso de la cuenca cedente".
Ballesta defiende los 'bancos de agua'
El portavoz del Gobierno regional de Murcia, José Ballesta, ha lamentado que el recurso de inconstitucionalidad que las Cortes de Aragón van a presentar contra la Ley de Evaluación Ambiental "afectaría a la ley que libera los bancos de agua", unos mecanismos que ha defendido como unos de los "más solidarios y más útiles que se han puesto en marcha".
Ballesta ha respondido de esta manera al ser preguntados por el recurso de inconstitucionalidad que los cinco Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón votaron a favor, a propuesta de la Chunta Aragonesista (CHA) y la Mesa y Junta de Portavoces.
El portavoz del Gobierno murciano ha dicho no entender "cuál es el problema o el recurso que hay que poner a un mecanismo de estas características", que consiste en "aprovechar en un lugar el agua que no se va a utilizar en otro lugar y, además, se paga por ella".
"No se trata de dar un agua gratis que luego no se va a utilizar", ha aclarado Ballesta, sino que el criterio a seguir es que quien cede el agua "utilice el agua que necesite y que, posteriormente, de la que le sobre, yo le pido que me dé una parte de ella y, además, se la pago".
A su juicio, es un mecanismo "no solo solidario, sino justo, equitativo y de los más limpios que han podido establecerse". Además, ha defendido que este tipo de mecanismos "vertebra los territorios y nos hace sentirnos como nación, miembros de un mismo Estado, y refuerza la autoridad del Estado en la gestión del agua en España".
En su opinión, es una actuación más dentro de las políticas de Estado, y ha considerado que "se deben de utilizar todos los recursos hídricos disponibles, por supuesto, priorizando el uso de la cuenca cedente".
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