Canta el tango que veinte años no son
nada. En realidad es mucho tiempo. Para soportar el mal gobierno de la
región es demasiado.
Basta pensar en esos miles de jóvenes murcianos entre 18 y 20 años que van a ir votar por primera vez el año próximo a sus representantes regionales y municipales y que no han conocido en toda su vida otro presidente que Valcárcel o acaso otros alcaldes que Cámara o Barreiro.
Cuando estos jóvenes miren a su alrededor lo que verán es una región sumida en una espantosa crisis económica, social y política, que no les ofrece nada. Y temerán con motivo por un futuro más que incierto.
Paro masivo, precarización general de la vida y
recortes sociales, pero también opacidad, despilfarro, ineficiencia y
corrupción, la plaga del mal gobierno que ha asolado esta región bajo el
pernicioso cruce de coordenadas de las mayorías absolutas y la
codiciosa locura del ladrillo, seguida de una nefasta gestión de la
crisis.
El mal gobierno no es sólo un problema de ética pública y
de baja calidad democrática. El uso ineficiente, impropio o ilegal de
los recursos públicos, que daña a la sociedad, tiene también un valor
económico.
Esta semana la Comisión Europea ha aventurado una cifra
de lo que supone la corrupción en los veintiocho países de la Unión: al
menos 120.000 millones al año, el equivalente a todo el presupuesto
europeo.
Para España, que es destacada como uno de los países con
más corrupción, se calcula que uno de cada cuatro euros destinados a
contratos públicos se pierde en prácticas corruptas, lo que podría
suponer unos 47.000 millones anuales, con un destacado papel para
comunidades y ayuntamientos. Por su parte, el 95% de los ciudadanos
españoles creen que la corrupción está «totalmente extendida».
Es
obligado en estas condiciones y en una región con tan graves problemas
como Murcia preguntarse qué han supuesto estos largos años de mal
gobierno, a cuánto alcanza su factura.
Hace pocos meses se publicó
un trabajo de este tipo para la Comunidad Valenciana. Se trata del
libro del periodista Sergi Castillo, Tierra de Saqueo. La trama
valenciana de Gürtel, que repasa y cuantifica lo que ha supuesto desde
2008 el mal gobierno en la vecina comunidad alrededor de Camps y otro
muchos dirigentes y cargos del PPCV (hasta cuatrocientos políticos y
funcionarios investigados por la justicia, con 108 cargos de la
administración del PP imputados).
Al sumar las cifras de la
corrupción con las del despilfarro relacionado con los grandes eventos,
le sale la cantidad de 12.500 millones de euros, mil menos que el
presupuesto de la Generalitat en 2013 o que la cifra que la propia
Comunidad ha estimado como ´deuda histórica´ valenciana.
Este trabajo está aún por hacer para Murcia, pero sus resultados comparativamente no diferirán mucho en proporción con los de Valencia. Aun sin trama Gürtel (que se sepa) la magnitud y extensión de los casos de corrupción política y de cantidades dilapidadas en grandes proyectos fracasados no ha sido menor relativamente entre nosotros.
Si allí tienen los
notorios y nauseabundos casos Fabra, Emarsa, Gürtel, Cooperación, Nóos,
Brugal o RTVV, aquí tenemos los quizás menos publicitados pero no menos
vomitivos casos Umbra (Murcia), Zerrichera (Águilas), Biblioteca
(Librilla), Líber (Aledo), Totem (Totana), Novo Carthago (Cartagena),
Barraca (Murcia), Camelot (Torre Pacheco), Fortuna o RTRM, etc., que
afectan al PP, junto a otros como Limursa (Lorca), Ninette (Los
Alcázares) o Trampolín (Campos del Rio), etc., que implican al PSOE.
Tampoco
hemos sumado el número total de imputados murcianos, que deben de estar
sobradamente por encima del centenar (sólo el Umbra cuenta más de
veinte), y aunque nos ganan ampliamente en consejeros y diputados
imputados (hasta diez consejeros allí contra tres o cuatro aquí en el
mismo período, incluido un exdelegado del Gobierno, como Marqués), somos
campeones en municipios con procesos abiertos por corrupción, la
proporción más alta del país: unos cuarenta, de los que veintiocho
afectan a alcaldes y concejales del PP y siete al PSOE.
Y si bien hemos llegado un poco más tarde al tema del aeropuerto sin aviones o del parque temático ruinoso, vamos a buen ritmo para compensar; o si en Fórmula 1 o en competiciones de vela apenas hicimos tímidos pinitos, gastamos cada año fortunas en otras ayudas dudosas al deporte.
Y
además tenemos otros productos exclusivos como los convenios
urbanísticos, sin duda la mayor fuente de corrupción (según el fiscal
López Bernal), de los que la región llegó a firmar trescientos, lo que
nos aporta un perfil singularmente sangrante. Pero, ¿cómo calcular el
valor material del daño de la salvaje especulación urbanística en
nuestros pueblos y ciudades?
Y si aquí no llegó a visitarnos el
Papa católico, con las oportunidades de negocio turbio que esto sin duda
representó para algunos delincuentes de cuello blanco, tenemos en
cambio algo mucho más sólido como es el regalo de suelo público,
recalificaciones y convenios de favor a la no menos católica UCAM.
Admitamos,
sin embargo, que nos llevan algo de ventaja en el desastre de las cajas
regionales, aunque compartamos el fiasco mayor, esa CAM "con gestores
designados por el poder político" que ya ha supuesto 15.000 millones de
rescate público.
Y así, aunque sepamos que nos hemos dejado 250
millones en la televisión autonómica antes de rescindir el contrato de
gestión, o que el aeropuerto nos va a costar al final "entre accesos y
préstamo participado" no menos de 220 millones, que por la autovía del
Noroeste pagaremos el doble de su valor, que nos reclaman 550 millones
por una desalinizadora regional innecesaria, que Cruz dilapidó unos
veinte millones en en sus magnos e inútiles macroproyectos culturales,
etc., las cuentas murcianas de la corrupción y el despilfarro están por
hacerse.
Es la insoportable herencia que nos deja el PP, esos
miles de millones que constituyen su propia ´deuda histórica´ con la
región, el coste del mal gobierno de dos décadas delirantes a las que
debemos poner fin. Y que nunca les perdonaremos.
(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
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