MADRID.- El Gobierno central aprobó este viernes una norma para amortiguar
el eventual impacto en las cuentas públicas de los costes por
expropiaciones de una serie de autopistas en quiebra, como la de Cartagena a Vera, de las que el
Estado es responsable en caso de liquidación.
"El nuevo régimen puede aplicarse respecto de cualesquiera
concesiones ya adjudicadas. En definitiva (...) que cuando un tribunal
diga que es el Estado quien tiene que pagar la expropiación, se
descontará de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración
(RPA)", dijo la ministra de Fomento, Ana Pastor, al término del Consejo de ministros.
En España, las autopistas de peaje son propiedad del Estado y las
empresas las explotan en régimen de concesión. Si estas autopistas
quiebran, existe la llamada RPA, por la que el Estado tiene que
trasladar el impacto de los pasivos al déficit público.
El departamento de Pastor lleva meses trabajando, los últimos en
estrecha colaboración con el Ministerio de Hacienda, en una solución
para una docena de autopistas que han presentado concurso de acreedores,
con una deuda conjunta de unos 4.000 millones de euros, que pase por no
engordar el déficit público.
Sin embargo, el escenario central que era el de crear una empresa
holding con participación mayoritaria del Estado está perdiendo fuerza y
ya se trabaja en otras alternativas, según señalaba este viernes el
diario Cinco Días.
Una fuente conocedora de las negociaciones para rescatar estas
concesionarias que tienen entre sus propietarios a las grandes
constructoras del país dijo que la propuesta de crear una
nueva ENA (el antiguo holding público de autopistas) no parece muy
viable porque computaría en déficit y deuda, y afectaría por tanto a
todos los ciudadanos.
"La negociación sigue abierta y Fomento y Hacienda están de acuerdo
en que hay que seguir buscando soluciones que no afecten a los
contribuyentes", explicó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario